Pedir lealtad y decir la verdad

El 31 de enero pasado la OMS declaró la emergencia mundial ante la expansión del coronavirus. El 12 de febrero, el Mobile World Congress canceló su cita anual en Barcelona. El 22 de febrero, la OMS advirtió: «Se agota el tiempo para actuar». Al día siguiente, Italia suspendió el carnaval de Venecia y empezó a cerrar escuelas y a prohibir actos públicos en el norte del país. Y el 24 de febrero, la OMS anunció que el mundo debía prepararse para «una potencial pandemia». A principios de marzo, solo tres comunidades autónomas en España no tenían registrados casos de infección, pero algunos focos eran tan activos, como el de Torrejón de Ardoz, que el 3 de marzo Fernando Simón reconoció la posibilidad de prohibir actos multitudinarios y la actividad escolar en esta localidad madrileña. Y la primera muerte por coronavirus se produjo en Valencia el 13 de febrero, aunque no se conoció la causa hasta el 3 de marzo, cuando se hizo la necropsia del paciente. Todo cambió, según la propaganda del Gobierno, de la noche del 8 a la mañana del 9 de marzo. El 8-M.

De todo esto se olvidó ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su autodefensiva comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso, para centrarse en una lista de reuniones, encuentros y fechas con la que pretendió convencer de que el Gobierno siempre había estado al tanto de la situación. O bien no es cierto, a la vista de la cronología que le desmiente, o bien es cierto, y su gestión es tan reprochable como lo percibe la mayoría de los ciudadanos. La remisión a lo que decían las autoridades sanitarias es una excusa barata, una coartada que falta al respeto a los profesionales sanitarios que ahora se están dejando la vida y la salud en recuperar el tiempo perdido para que pudiera celebrarse sin sobresaltos el 8-M. Y también a policías y guardias civiles que están denunciando la falta de material imprescindible para prevenirse de contagios en sus labores de vigilancia del confinamiento.

Ya basta de esconderse tras unas «autoridades sanitarias» a las que, de una vez por todas, deben poner sus nombres y apellidos, porque las que conocemos, como la OMS, llevan avisando, como mínimo, desde el 31 de enero sobre la peligrosidad pandémica del Covid-19. El Gobierno quiere lealtad, pero debe ofrecer antes dos cosas para hacerse acreedor: verdad y responsabilidad. Verdad sobre lo que sabía y dejó de hacer. No sirve el argumento de que, además del 8-M, hubo partidos de fútbol o mítines. ¿A cuál de estos actos alentaron las ministras de Pedro Sánchez a asistir? Y responsabilidad para asumir las consecuencias: puede haber ceses y dimisiones en una crisis, por supuesto, porque este Gobierno está demostrando que ninguno de sus miembros es imprescindible. Entonces, sí, lealtad.