El mal papel del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional ha sentenciado su paso por este tiempo de estado de alarma con un auto que desmerece la posición que ocupa en el Estado de Derecho. La decisión del TC consistió en inadmitir el recurso de amparo de un sindicato gallego, que se quejaba de la prohibición de manifestarse en coche por las calles de Vigo por el 1 de Mayo. El debate de fondo era la restricción de derechos fundamentales en el estado de alarma y su compatibilidad con la Constitución. Este es el debate que la Sala Primera del TC, con su presidente, González Rivas, ha hurtado al Pleno de la institución y a los ciudadanos. No extraña que la votación final se decantara con el voto de calidad del presidente del TC, ante la división por mitad de la Sala. Mayor motivo si cabe para que fuera el Pleno del TC, y no un empate innecesario, el que ventilara una cuestión tan importante. Y así, el choque entre el estado de alarma y los derechos fundamentales ha pasado sin pena ni gloria por el TC, con un auto de inadmisión, cuya extensión y contenido demuestran que debió ser una sentencia al final de un debate con los doce magistrados que lo componen. Además, cuando se inadmite un recurso, basta por ley una simple providencia de no más de tres líneas, que despacha al recurrente con un lacónico mensaje de que su recurso no acredita una «especial trascendencia constitucional»; providencia que solo puede recurrir el Ministerio Fiscal, no el recurrente.

Al dictar un auto de 29 páginas, cuya ponente es María Luisa Balaguer, la Sala puso al descubierto su empeño en que el recurso y su debate, demasiado grandes y graves para una mísera providencia, murieran en la propia Sala y con una inadmisión, eso sí, inusualmente motivada. En definitiva, que no pasara el umbral del TC. Lo que sí ha pasado es el escándalo de que el TC haya renunciado a serlo en esta etapa crítica de nuestra historia democrática, y se haya conformado con secundar el abusivo ejercicio del estado de alarma por parte del Gobierno.