Pactar contra los odiadores de España

El Congreso aprobó ayer con una abrumadora mayoría de 265 votos el decreto que regulará ese eufemismo que Sánchez dio en llamar «nueva normalidad». Más allá de que la incidencia de rebrotes víricos y el diagnóstico de nuevos casos en una veintena de poblaciones españolas resulten ya preocupantes, ese decreto se había convertido en una necesidad. Y desde esa perspectiva, es una buena noticia que el PP apoye al Gobierno de modo condicionado, y que también lo haya hecho Ciudadanos frente a partidos como Vox, Bildu o ERC, que se opusieron a avalar la nueva normativa. También fue una noticia satisfactoria que el Gobierno y los empresarios alcanzasen un acuerdo para financiar los ERTEs hasta el 30 de septiembre. Lo normal ante una tragedia como la vivida en España, donde el cúmulo de errores cometidos por la arrogancia del Gobierno es ilimitado y donde ni siquiera conocemos aún el número real de fallecidos, habría sido que desde un principio se fraguasen consensos en beneficio de la ciudadanía. No era razonable que el Gobierno y esos socios de moción de censura que solo avalan a Sánchez en función de las prebendas independentistas que reciben, mantuviesen durante más tiempo una gobernabilidad por decreto, un insultante desprecio a la oposición, y la ceguera ante recomendaciones inaplazables de nuestro empresariado para la recuperación. Aún no puede decirse que Sánchez haya recobrado la cordura política y el sentido de la responsabilidad con los millones de españoles representados en los escaños de la derecha, pero es cierto que este clima de incipiente entendimiento suaviza tensiones, tranquiliza ánimos y predispone a nuestra clase dirigente a un trabajo esencial para los próximos meses.

Para la democracia es una prioridad que el populismo extremista, el separatismo, los partidos filoterroristas que aún enaltecen a etarras, y las formaciones antisistema dejen de condicionar nuestra política. España se enfrenta a una crisis política, social y económica inédita, y esos partidos empeñados en que Sánchez lidere un cordón sanitario contra el PP para criminalizar a la derecha deberían quedar fuera. Son tóxicos para la democracia, trafican con sus escaños para verse privilegiados, y han convertido al PSOE en un partido al margen de los consensos constitucionales. Durante tres meses, Sánchez ha gobernado por decreto de modo abusivo, y quiso obligar al PP a apoyar esa anomalía a cambio de nada. Sánchez nunca quiso negociar nada porque su objetivo era aislar a la derecha y protegerse de la tragedia. Si ahora se aviene a razones con el PP o la CEOE, bienvenidas sean. No es un cambio de estrategia, sino una acuciante necesidad del PSOE porque Sánchez está bajo la lupa de la UE, y porque un eventual rescate económico nunca podrá basarse en las caducas recetas que impone Iglesias.