Una negociación entre sospechosos

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de procesar a Josep Maria Jové por malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia como instigador y organizador en la sombra de la consulta separatista ilegal del 1-O demuestra por qué es un error la «mesa de negociación» impulsada por Sánchez. Jové no fue solo el «notario» del golpe contra el Estado de Derecho en Cataluña, sino una pieza esencial en su diseño. Ahora, en cambio, Sánchez lo ha aceptado como negociador de una «salida al conflicto político», de modo que esa «mesa» cuenta casi con más condenados, imputados y procesados del separatismo que con políticos sin sombra de sospecha. Sánchez está tratando la cesión de una parte de la soberanía nacional con delincuentes como Joaquim Torra, condenado por desobediencia e inhabilitado como diputado catalán. Inexplicablemente, continúa como presidente de la Generalitat con el beneplácito y la legitimidad que le concede Sánchez. A su vez, y una vez procesado, Jové queda abocado al banquillo de los acusados para ser juzgado, asumiendo además una fianza de responsabilidad civil valorada por la Justicia en casi tres millones de euros. Ambos representan en esa «mesa» a un huido como Puigdemont, y al líder de ERC, Junqueras, condenado a trece años de cárcel por sedición y ya de permiso. Dar carta de naturaleza política y voz negociadora a dirigentes que han vulnerado la legalidad es una ofensa a cualquier demócrata. Es obvio que el Gobierno prefiere tratar con clientes habituales del Código Penal a sentarse con partidos constitucionalistas como el PP y Ciudadanos, porque su capacidad de gobernar durante toda la legislatura depende de ese chantaje.

Sin embargo, tampoco el bando del Ejecutivo en esa «mesa» está exento de la amenaza penal. Con una notable improvisación, Sánchez incorporó al equipo negociador al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aunque pesasen sobre él varias querellas por haber permitido que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, pisara suelo español el pasado mes de enero pese a tenerlo expresamente prohibido. Esas querellas han sido aunadas en un juzgado de Madrid que tendrá que remitir las actuaciones al Tribunal Supremo si observa indicios de delito en la conducta de Ábalos, ya que está aforado. La relación del golpismo independentista con el Gobierno de la nación se sustenta en personalidades investigadas, o ya condenadas, por la justicia. Con razón pretende Sánchez «desjudicializar» la réplica del Estado al separatismo, con razón sostiene que «la ley por sí misma no es suficiente», y con razón ha nombrado a Dolores Delgado fiscal general. Lo lamentable no es que al separatismo dejase de importarle la legalidad hace tiempo, sino que el Gobierno de la nación se haya sumado a ese desprecio promoviendo una negociación entre sospechosos.