Los muertos merecen una investigación

El presidente del Gobierno tiene ya confeccionada la lista de invitados internacionales que acudirán al homenaje a las víctimas del Covid-19, pero sigue ocultando la cifra real de fallecidos, oficialmente congelada en el entorno de los 27.000 y ajena a los cálculos de organismos como el INE o los registros civiles, que la elevan por encima de los 40.000. Una sociedad desarrollada no puede permitirse un homenaje sobre los cimientos del desconocimiento y la ocultación, y menos aún cuando son miles de vidas humanas las que se excluyen de forma premeditada de la memoria de la nación. Al Gobierno no le salen las cuentas de tanto dolor porque cuantificar con precisión la mortalidad provocada por la pandemia obligaría a reconocer la pérdida de todos aquellos que fallecieron sin haber sido sometidos a una prueba diagnóstica, en su mayoría huéspedes de unas residencias de mayores en las que no encontraron amparo, ni siquiera para saber qué los estaba matando. Exigir responsabilidades sobre lo sucedido en estas residencias se ha convertido en un arma de doble filo para la izquierda, que investiga este drama en función del color político de cada región. Sin embargo, la tragedia, como el virus de Wuhan, no conoce fronteras territoriales. No es la transparencia el valor que mejor define al Ejecutivo, pero más pronto que tarde tendrá que abrir, antes de que lo hagan los tribunales, una investigación sobre las causas y las consecuencias de un desastre que ha de asumir quien a mediados de marzo se adjudicó el mando único y hasta hoy ha sido el responsable último de lo sucedido en las residencias de mayores y en unos centros hospitalarios convertidos en genuinos focos de contagio para sus profesionales, desprotegidos e infectados por decenas de miles. Antes de convocar cualquier homenaje, conviene saber qué se hizo, qué se hizo mal y qué no se hizo.