Una «mesa» para secuestrar España

La conformación de una «mesa de negociación» entre el Gobierno y el separatismo catalán no es un angelical canto al diálogo para resolver el «conflicto político» anulando a los Tribunales. Muy al contrario, es sacar del Congreso y el Senado lo que debería ser objeto de discusión parlamentaria. Es inhabilitar de facto el papel de la justicia y, sobre todo, es maltratar a esa mitad del electorado del centro y la derecha que se niega a que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pongan a España en almoneda rindiéndose a un chantaje. La rebeldía política y jurídica de la Generalitat y de más de medio Parlamento catalán no ha sido causada por el resto de España. No es un conflicto con origen en una disputa entre iguales para cuya resolución sean necesarios mediadores, relatores o notarios de una infamia. Sin embargo, Sánchez se ha rebajado al independentismo con una maniobra tan sibilina como claudicante. En la «mesa» estarán sentados el Gobierno socialista, el PSC, Unidas Podemos, ERC y la Generalitat, como si el resto de partidos, especialmente los constitucionalistas, no tuvieran nada que aportar. Esta «mesa» pretende secuestrar al Parlamento como sede de la soberanía nacional. Pretende tomar decisiones en nombre de todos los españoles, pero negando la voz a más de la mitad que no vota a esas opciones políticas, y obviando que la inmensa mayoría, sea de izquierdas o de derechas, no desea la independencia de Cataluña. Por lo tanto, resulta abusivo dar cobertura a la estrategia del independentismo haciendo creer al ciudadano que Sánchez resolverá con el manido mantra del diálogo lo que no han podido resolver la Constitución ni el poder judicial con sus sentencias. Sánchez incurre en un manierismo ególatra y falsario porque todo su tacticismo con la Generalitat se basa en la idea de que España ha humillado a Cataluña. O que merece otro trato y que el resto de españoles no entiende de sentimientos.

Sánchez está victimizando de modo indigno a dirigentes condenados penalmente, a presos golpistas, y a prófugos. Incluso, trata de hacer creer a los españoles que el constitucionalismo es represivo frente a los deseos de autodeterminación de los pueblos, y que la legalidad es subalterna del oportunismo político. Su error es mayúsculo. En política, no hay nada menos fiable que el secesionismo exacerbado, pero Sánchez se ha encomendado a él por la única razón de que su supervivencia política depende de unos sediciosos. Por eso, el PSOE aspira a que todos los españoles paguen la cuenta inoculando en ellos el falso paradigma de que la Constitución merma libertades, o de que la unidad nacional es un concepto trasnochado propio de regímenes parafascistas. Esa «mesa» no es una extensión del Parlamento, sino una excusa de Sánchez para tomarlo como rehén.