Menos industria, mismo desgobierno

Entre el 22 de enero pasado, cuando Pedro Sánchez anunció en las redes sociales que el empleo en la planta de Nissan de Barcelona «estaba garantizado», y el día de ayer, cuando la empresa nipona anunció el cierre de esa planta, algo ha pasado que el presidente del Gobierno debe explicar. Porque si Sánchez fue capaz de proclamar la salvación de la fábrica en Barcelona, ahora debe tener el mismo protagonismo para responder por un cierre que elimina 3.200 empleos directos y 25.000 indirectos. Es perfectamente posible que el motivo empresarial del cierre sea una pérdida insostenible de productividad en la planta de Nissan en Barcelona. Esta versión de los hechos es, sin embargo, compatible con la responsabilidad política de un Gobierno que ha hecho todo lo que ha estado en su mano para ser antipático con la industria del automóvil. Solo la confusión generada en torno al diésel es suficiente para admitir que, además de causas puramente empresariales, concurre también el escenario incómodo creado por Pedro Sánchez.

Por otro lado, ¿qué han hecho el presidente del Gobierno y su ministra de Industria, Reyes Maroto, para evitar este desenlace en Nissan? Nada, pese a que el cierre de la planta catalana estaba sobre la mesa desde hace muchos meses. A la ministra no se le ha ocurrido nada más original que proponer a la compañía japonesa la creación de un grupo de trabajo con los gobiernos central y autonómico. Es ella y el Gobierno al que pertenece quienes deberían ofrecer un plan de mantenimiento de la actividad en la planta de Nissan. Todo desde la izquierda ha sumado contra la posibilidad de conservar la producción de esta empresa en Barcelona. En el desconcierto brilló con luz propia el disparate de la responsable de Ecología del Ayuntamiento, Janet Sanz, quien apostó por «evitar que se vuelva a reactivar» la industria del automóvil. Más de 28.000 trabajadores van a perder sus empleos, pero Sanz sigue con el suyo.

Además, Nissan no es el último episodio de desindustrialización de España. La multinacional Alcoa también va a cerrar su factoría de aluminio en Lugo y a despedir a 534 de sus 610 trabajadores. En la agenda del Gobierno de Sánchez no hay nada constructivo para remediar este anuncio. No lo es, desde luego, la estrategia de nacionalizar las fábricas afectadas en Lugo y Barcelona, como ayer sugirió Iglesias. Es imprescindible un plan industrial solvente, que genere una economía productiva y no conformarse con emplear los fondos que lleguen en pagar subsidios, en vez de ayudar a la empresas a crear empleo y poner al país en una mejor disposición para competir en el exterior. Porque la pérdida de tejido industrial compromete el futuro mientras el sanchismo se sienta a ver cómo van cerrando industrias.