Maltrato a la presunción de inocencia

La salvaguarda de la presunción de inocencia para políticos y cargos públicos es una de las deudas pendientes de nuestra democracia. A menudo, la incoación de diligencias previas por parte de los Juzgados y la posterior imputación de dirigentes públicos concluye con el archivo de las actuaciones, con el levantamiento de la condición de investigado -antiguamente imputado-, o incluso con la absolución si el caso ha llegado a la fase de juicio oral. Es decir, judicialmente se proclama su inocencia. Sin embargo, la presión judicial y mediática suele convertir estas investigaciones, sobre todo si son por presunta corrupción, en un auténtico calvario procesal y personal para los afectados ya que el estigma social de una culpabilidad preventiva les acompaña ya de por vida, independientemente de que resulten exonerados durante la instrucción de un caso. Las consecuencias son demoledoras porque es habitual sobredimensionar la investigación de cualquier escándalo, pero si el escándalo naufraga antes de tiempo en los Juzgados, su archivo ni siquiera es noticia. Falta autocrítica en nuestra sociedad a la hora de imponer penas de telediario, y sobra la politización de la justicia como herramienta para desgastar al oponente. Un político apresado en las tenazas de una investigación judicial y mediática, por legítimas que sean en aras de la libertad de expresión, información y opinión, se convierte en un muñeco roto buena parte de las veces, sin resarcimiento alguno, ni siquiera moral. Se le criminaliza, se desgasta al partido al que pertenezca, se genera una atmósfera social de rechazo y desprecio, y cuando resulta absuelto, todo queda en el olvido excepto su condición de presunto culpable para la eternidad. Todo es legal, pero a democracia debería ser más generosa con la presunción de inocencia. No todo puede valer.