La libertad de Junqueras, una burla

La concesión de un régimen de semilibertad a la inmensa mayoría de los golpistas condenados por el 1-O se basa en un subterfugio jurídico legal, pero cargado de injusticia, de agravios comparativos con miles de presos, y sobre todo de impunidad política. Eso es lo que está cometiendo la Generalitat con la excarcelación de Oriol Junqueras, Raül Romeva y el resto de sediciosos: una injusticia para los españoles que ingenuamente creen en el peso de la ley, y una apropiación indebida de la legalidad para privilegiar a unos delincuentes por el mero hecho de ser amigos de la causa separatista. Todo es una ofensa contra la dignidad de la justicia, contra el objetivo de la pena de resarcir a la sociedad por el daño causado, e incluso contra el principio de reinserción de los reclusos porque los excarcelados están decididos a reincidir en sus delitos mientras Pedro Sánchez ayuda a ese logro con su «mesa de diálogo». Además, el goteo de excarcelaciones está perfectamente diseñado para normalizar lo que no es sino un escándalo mayúsculo. Es una amnistía forzada y encubierta, basada en un abuso de poder de la Generalitat porque dispone de las competencias autonómicas en materia penitenciaria. Al final, la ley deja de serlo y se convierte en una prerrogativa caprichosa del separatismo para beneficiar a sus líderes reduciendo sus condenas penales a la nada. Es una burla política y una estafa procesal. Cabe preguntarse cuántos reclusos que cumplen sus penas en Cataluña, con condenas de hasta trece años por un delito grave, gozan de un régimen de semilibertad sin haber cumplido una cuarta parte del tiempo de cárcel, con amplios permisos tras solo 147 días desde la sentencia, y presumiendo de que volverán a delinquir... La respuesta es ninguno. No hay ni un solo preso en las circunstancias de Junqueras, de Romeva, de Forn, sencillamente porque jamás sería merecedor de tanto privilegio en tan poco tiempo.

De nuevo el separatismo gana al Estado una batalla jurídica y de imagen. Los condenados por sedición salen de prisión victimizados, invocando una victoria moral frente a la «represión» judicial y prometiendo que no abandonan la lucha identitaria por la independencia. La aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, tal y como lo hace la Generalitat, es una farsa. Ese precepto regula una vía de escape para casos excepcionales que ahora debe invitar a cualquier demócrata a reflexionar sobre el sentido real de los juicios y la eficacia de las sentencias, los tribunales y su mandato imperativo. Cuando es un Gobierno cómplice de los golpistas quien tiene la última palabra, y cuando se ponen como coartada unas clases universitarias para que Junqueras siga adoctrinando en el separatismo, es que el Estado empieza a admitir su dramática impotencia.