La ley es igual para todos

La decisión de la Fiscalía General del Estado sobre el Rey Don Juan Carlos debe situarse en sus justos términos, procesales y políticos. Por lo pronto, la remisión del caso a la Fiscalía del Tribunal Supremo genera un espejismo, porque Don Juan Carlos no está aforado ante los fiscales de ese órgano, sino ante los magistrados de la Sala Segunda, que son independientes del Gobierno. La investigación podía haber seguido en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sin problema ninguno. El tránsito dramatiza la situación del caso, pero realmente sigue donde estaba: en una investigación prejudicial y en manos de la Fiscalía. Solo ha cambiado el fiscal encargado. Otra cosa es que esta circunstancia nueva conlleve dos mensajes. El primero es que la Fiscalía puede haber hallado indicios nuevos contra él por comisiones supuestamente ilegales en la adjudicación de obras a empresas españolas. La ley, en efecto, es igual para todos, más aún si esos indicios se refieren a hechos posteriores a la abdicación de Don Juan Carlos, es decir, a una etapa en la que carecía de inviolabilidad. Sin embargo, conviene recordar que tanto la Audiencia Nacional como la Sala Segunda del Supremo han archivado dos iniciativas para involucrar a Don Juan Carlos. Y como la ley debe ser igual para todos, lo más lógico habría sido que la Fiscalía General hubiera solicitado al Juzgado Central de la Audiencia Nacional la reapertura del caso, para tomar declaraciones a aquellos que mencionan a Don Juan Carlos en el cobro de comisiones. La Fiscalía debería explicar por qué salta al TS y por qué, si tan claros son los indicios contra el padre de Don Felipe, no pide que sea investigado por un magistrado de la Sala Segunda, salvo que quiera poner en un compromiso a este tribunal. El segundo mensaje apunta a la ejemplaridad en la Jefatura del Estado sin que ello suponga prejuzgar, que para ese cometido están los jueces. Don Felipe ya marcó su posición al renunciar a la herencia de su padre. La Justicia dirá y cada palo habrá de aguantar su vela. Pero debe quedar claro que el proceso no debe llevar aparejada la tradicional campaña contra la Corona de la extrema izquierda y el separatismo, que seguro que no dudarán en abrir una causa general contra la Monarquía.