La Justicia no es mercancía

Los nacionalismos en España siempre han tenido la constitución de un poder judicial propio entre sus objetivos prioritarios, porque la función jurisdiccional es la máxima expresión de la soberanía del Estado sobre los ciudadanos. La reforma del Estatuto vasco propuesta en 2003 como «Plan Ibarretxe» incluía la creación de un poder judicial vasco, en el que el Tribunal Superior de Justicia era la cima de la organización de los tribunales en la Comunidad Autónoma Vasca; tribunales que quedaban bajo el gobierno interno de un Consejo Judicial propio. En 2006, el Estatuto catalán pactado por Rodríguez Zapatero y Artur Mas también creaba una justicia catalana, prácticamente desconectada de la estatal y con el conocimiento del catalán como condición para ser juez o fiscal en Cataluña. El Tribunal Constitucional tumbó la estrategia concertada por el PSOE y la extinta CiU de romper la unidad constitucional de la justicia en España y su sentencia fue la excusa de los separatistas para iniciar su proceso independentista.

La Asociación judicial Francisco de Vitoria ha denunciado el riesgo que supone para el Estado la creación de poderes judiciales autonómicos. Vistos los precedentes y la generosidad con la que el Gobierno de Pedro Sánchez mercadea con los intereses del Estado, los jueces tienen motivos para sentirse preocupados. La descalificación de los tribunales de justicia por el nacionalismo es una constante de su estrategia de deslegitimación del orden constitucional. La justicia es el baluarte de la ley y la Constitución frente a las componendas políticas con los nacionalismos, pero, precisamente por esta resistencia judicial a la desconstitucionalización del Estado, los separatistas no renuncian a romperla. Si consiguen crear poderes judiciales autonómicos, el primer sacrificado será el principio de igualdad ante la ley, porque ya se asegurarán los gobiernos y parlamentos nacionalistas de crear tribunales domesticados a su medida. Sería una regresión a los tiempos del Antiguo Régimen, cuya abolición tuvo su más clara expresión en la instauración de una sola justicia para una sola nación de ciudadanos libres e iguales. Que la izquierda sucumba a estas pretensiones retrógradas del nacionalismo es una negación de su esencia supuestamente igualitarista, pero también es coherente con el apoyo a las políticas fragmentarias de los separatistas con las lenguas cooficiales.

La Constitución es clara y terminante al afirmar que la unidad jurisdiccional del Estado «es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales». Y al decir que «es la base» significa que ningún legislador oportunista puede hacer excepciones para crear poderes judiciales que compitan con el único que existe, el del Estado, garantía irrenunciable de los derechos y libertades de cada ciudadano español.