Fin a la jungla alegal de las redes sociales

Por caminos cuando menos insospechados pero igualmente evidentes, la discusión sobre el carácter y las funciones de las redes sociales en el mundo contemporáneo ha estallado por fin con claridad. Que haya sido una decisión con tintes coléricos y particularistas del presidente estadounidense, Donald Trump, no contradice la evidencia de que la sociedad necesita definir con más claridad la responsabilidad que concierne a estas compañías, que se han convertido en piezas maestras de la comunicación y el comercio globales, pero que no se ven sometidas al mismo tipo de responsabilidad jurídica ni fiscal que el resto de los medios tradicionales. Si Twitter o Facebook se permiten censurar ciertos contenidos publicados por los usuarios es porque reconocen claramente que hay límites que en una publicación no deben ser transgredidos ni siquiera en nombre de la libertad de expresión. Pero dejar esta regulación a su propio albedrío equivale a permitir que algunos conductores determinen su propio código de circulación. El debate sobre si son un medio de transmisión de información o un simple mecanismo para intercambiar saludos entre amigos tuvo cierta base en los inicios de internet, como se refleja en la legislación norteamericana que data de 1996. Ahora, la ausencia de reglas ha permitido el desarrollo fulgurante de una industria cuyos límites no podíamos conocer hace veinte años e incluso hoy podemos estar lejos de imaginar hasta dónde puede llegar. Lo que sabemos es que tal como están las cosas ahora existe una inercia hacia posiciones monopolísticas que les permite escapar fácilmente de su responsabilidad fiscal y ética. Las redes sociales forman parte del mundo de la información y obtienen colosales beneficios de ello. Ya va siendo hora de que la ley así lo reconozca.