Imponer el sectarismo en las aulas

El Congreso rechazó ayer las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Vox y Cs contra la ley educativa del Gobierno, conocida como «ley Celaá», permitiendo así su tramitación. Este proyecto normativo quedó en un limbo en febrero de 2019 a causa de la forzada convocatoria de elecciones, y en marzo de este año volvió a quedar en dique seco por la pandemia y el cierre de la actividad parlamentaria. Tras el pleno de ayer, el Gobierno ya ha dado el primer paso para imponer un proyecto educativo anacrónico que pretende convertir las aulas en un laboratorio de experimentación ideológica con los alumnos, y en la herramienta idónea de la izquierda para reforzar un adoctrinamiento acorde a sus postulados. Se trata de una ley revanchista contra la derecha, alejada de cualquier intento sincero de alcanzar un consenso generalizado, y asesta un golpe determinante al modelo vigente de educación concertada, margina a la Religión como asignatura, e impone la superación del Bachillerato con asignaturas suspendidas. En definitiva, un despropósito social basado en el sectarismo y en la deslegitimación del valor real del mérito y la capacidad a cambio de una falsa «igualdad» en las aulas.

La eliminación del criterio de «demanda social» para que el Gobierno maneje a su antojo la reducción drástica de plazas en la educación concertada es abusiva y contraria a la libertad de los padres. A su vez, el ataque a la Religión en Primaria, ESO y Bachillerato demuestra el despótico talante de un Gobierno que desprecia la relevancia de la fe, la cultura, la historia y la tradición en nuestro país, y que confunde la aconfesionalidad del Estado con el ateísmo. Lo mismo ocurre con la letra pequeña de la Educación Especial, que sufrirá una merma significativa de centros y profesorado, dejando en la indefensión a miles de niños con necesidades formativas específicas. A su vez, la creación de un consejo escolar en los centros concertados a modo de «gran hermano» ideológico representa un intento de control de la educación verdaderamente alarmante. Tanto como la imposición de la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos que va a decidir una coalición obsesionada con las políticas de extrema izquierda.

Finalmente, casi sobra añadir que la «ley Celaá» permite a la Generalitat de Cataluña decidir qué hacer con el castellano en las aulas, y la respuesta no ofrece muchas dudas: erradicarlo. La ley, en definitiva, es una agresión al sentido común que no establece incentivos creíbles para el profesorado, destroza itinerarios docentes a capricho, elude soluciones a la formación profesional, y despide un tufo al «aprobado general» que desnaturaliza el valor de la evaluación. Sencillamente, es pura doctrina de la izquierda para democratizar la mediocridad.