Un «holding» separatista con dinero de todos

Una de las razones por las que los dirigentes del separatismo catalán afirman que «lo volveremos a hacer», refiriéndose a la convocatoria de la consulta ilegal del 1-O, es la conservación de los canales de financiación necesarios para repetir. La otra es la existencia en Madrid de un Gobierno entreguista que ha decidido convertirse en el principal proveedor de financiación del separatismo. Con motivo de su visita a los dirigentes separatistas y soberanistas catalanes -los no independentistas no existen para este Gobierno-, el Ejecutivo de Sánchez anunció una inversión de 4.000 millones de euros en Cataluña. Entre este riego de dinero público y la apertura de una negociación que proscribe la Constitución, el separatismo catalán tiene sólidos motivos para dedicar al entramado secesionista, en el proyecto de presupuestos generales para Cataluña, partidas por importe de 1.000 millones de euros. Las cuentas del separatismo están boyantes. A Torra no le amenaza el Gobierno central por su política fiscal, ni por su endeudamiento, ni por las malversaciones declaradas por los tribunales con motivo del proceso separatista. A Torra, el Gobierno de Sánchez le premia y permite que todos los instrumentos que la Generalitat presidida por Puigdemont dedicó para romper la convivencia, costear la sedición y financiar el referéndum ilegal sigan bien dotados de dinero público. Los medios públicos de comunicación y algunos privados, el Consejo Audiovisual de Cataluña, la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, la red de «embajadas» y los arietes del pancatalanismo en la Comunidad Valenciana, en definitiva, el «holding» separatista va a disponer de esos 1000 millones de euros pactados por los partidos nacionalistas y los «Comunes» de Colau.

La confrontación está garantizada para los próximos años, porque tiene dinero para ser financiada y, en Madrid, un gobierno laxo que provee el rearme del separatismo catalán.