Grave pérdida de calidad democrática...

Las groseras mentiras del dirigente del PSOE y ministro José Luis Ábalos para tratar de ocultar su reunión secreta con la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, es solo la última de una serie de oscuras maniobras del Gobierno de Pedro Sánchez para mermar la calidad de nuestra democracia. Ya no se trata solo de denunciar los sistemáticos engaños en que, día sí, día también, incurre este Ejecutivo para manipular y despreciar a la ciudadanía con una estrategia clara para esconder la acción de gobierno. Ni siquiera de que en cualquier país embustes flagrantes como el de Ábalos llevan aparejada la dimisión. Ya engañó él con su tesis plagiada y no dimitió. Se trata de desvelar que Sánchez pretende imponer un cambio radical en nuestras estructuras democráticas y constitucionales. En apenas veinte días este Gobierno ha legitimado al régimen de Maduro; está en trámite de un abuso de poder con la designación de la exministra Delgado como fiscal general del Estado porque carece de la más mínima idoneidad para el cargo; ha atacado la independencia del Poder Judicial como ningún presidente lo hizo nunca; ha alterado la celebración de los Consejos de Ministros para pervertir el normal desarrollo de las sesiones parlamentarias y dificultar la labor de fiscalización de la oposición; mantiene una agenda opaca de cesiones al separatismo catalán, y está legitimando a un presidente inhabilitado como Torra y a un partido filoterrorista. Este Gobierno representa, en definitiva, un ataque a las principales instituciones de la nación y a su propia unidad, a la convivencia -la fractura social pretendida con la polémica del pin parental es flagrante-, y a las libertades constitucionales. Sánchez, de la mano de Iglesias, encarna una involución hacia el socialismo más radical en cincuenta años para imponer una «segunda Transición», basada en el pensamiento único de una izquierda que alardea de una falsa superioridad moral.

Con los votos de menos de media España y solo 120 diputados, Sánchez gobierna contra la otra media España. Su ánimo es dividir, tensionar a las instituciones y a la ciudadanía, sojuzgar la separación de poderes, radicalizar a los españoles en bandos extremos, y alterar el normal funcionamiento de nuestro sistema modificando aspectos relevantes de la Constitución por la vía de los hechos consumados. Todo el que no se declare progresista, es un fascista. Es un proceso de ingeniería social letal para la pluralidad y la diversidad de opiniones con el que el Gobierno dicta cómo se ha de pensar, cómo se ha de votar correctamente -incluso con 16 años-, y cómo cualquier disidente del alpiste doctrinal que dispensa debe ser estigmatizado. El peligro no es solo proferir decenas de mentiras. Ese es solo el instrumento. El peligro es el proceso de destrucción de la calidad democrática.