El gobierno de los fallos de Memoria

La destrucción en Toulouse de los informes policiales sobre los exiliados españoles en 1939 asesta un duro golpe a la memoria y la dignidad de los cientos de miles de refugiados que afrontaron enormes sufrimientos y vivieron bajo sospecha en Francia tras el final de la Guerra Civil. Con independencia de los mecanismos burocráticos que han hecho posible la eliminación del fondo, el hecho de que el Gobierno recibiera avisos de lo ocurrido y no haya reaccionado durante meses merece una meticulosa consideración que debería desembocar en la asunción de responsabilidades. Los procesos electorales de 2019 no pueden ser excusa para un Ejecutivo en funciones que alardeaba de la prioridad de esta materia. A todo el dinero público proyectado -quince millones que no llegaron a estar en el presupuesto prorrogado y 745.000 euros reales para publicitar el ochenta aniversario del exilio- hay que sumar costes de exposiciones, actividades, congresos y otras iniciativas, como la comisión interministerial y el comité de medio centenar de expertos. Todo ese alarde sería eficaz si hubiera servido para evitar este desastre: la destrucción de un patrimonio tan sensible. Pero esa inacción muestra de manera elocuente que la acción del Gobierno estaba enfocada hacia otros fines. En funciones se llevó a cabo la mediática exhumación de Franco, y nada se ha ahorrado que sirviera para polarizar a la sociedad y denostar a los adversarios políticos. Es vergonzoso que los papeles del exilio acabaran destruidos mientras el Gobierno realizaba sus cálculos electorales. Nada puede ocultar este fallo histórico de memoria democrática de un Ejecutivo que lleva al extremo su voluntad de traer hasta el presente los ecos de aquella guerra fratricida y falla en lo principal: el deber de preservar la memoria intacta, las fuentes primarias, los documentos que siempre podrán salvarnos de la manipulación.