Editorial ABC
El Gobierno de la confusión
España es víctima de un ejercicio de intervencionismo socialista y totalitario de la economía que la Unión Europea no va a financiar
La enésima comparecencia de Pedro Sánchez, ayer, sembró más confusión e incertidumbre que expectativas y confianza. El presidente del Gobierno anunció que hoy se reunirá el Consejo de Ministros para adoptar nuevas medidas que prohíban actividades calificadas como no esenciales. Sin embargo, a preguntas -filtradas- de los medios de comunicación, Sánchez no fue capaz de indicar cuáles eran tales actividades. No sólo no aclaró este dato, sino que se remitió a las actividades permitidas por el decreto de alarma, lo que automáticamente genera dos preguntas. La primera: por qué no se ha ejecutado el decreto de alarma desde el primer día, tal y como ahora lo anuncia el presidente del Gobierno. La segunda: por qué tiene que reunirse hoy de nuevo el Consejo de Ministros cuando ya se reunió el viernes por la mañana y bastarían órdenes de los ministerios delegados para la ejecución del estado de alarma.
Sánchez banalizó aún más su anuncio cuando quiso aclarar que el objetivo del Gobierno es conseguir que entre el 30 de marzo y el 9 de abril España se paralice «como un fin de semana». Por eso puso el ejemplo, significativo, de la construcción, inequívocamente abocada al cierre desde mañana. En definitiva, lo que el Consejo de Ministros va a acordar hoy es un período de vacaciones pagadas, que se solapen con la Semana Santa, bajo la fórmula de permisos retribuidos recuperables. Sin embargo, poco habrá que recuperar si el Gobierno mantiene el calendario de pagos de impuestos inalterado, como si las empresas y los profesionales pudieran afrontarlo con normalidad. Al anuncio del presidente del Gobierno le faltó esta decisión, que además sería coherente con la pretensión de paralizar el país casi totalmente.
No se entiende la urgencia de una medida que, según Sánchez, en el decreto de alarma ya estaba habilitada, salvo que el Gobierno maneje datos que no avalan el moderado y sempiterno mensaje de Fernando Simón de que ya estamos en el pico de la crisis del Covid-19. La imagen de precipitación y de improvisación que transmite el Gobierno contribuye muy poco a generar confianza en sus medidas, porque parece que va a ciegas. Además, España es un Estado de Derecho y una democracia parlamentaria, y el planteamiento restrictivo del Gobierno sobre las libertades de movimiento de los ciudadanos comienza a superar el ámbito constitucional del estado de alarma. No se trata de cuestionar su necesidad, sino de adecuar la respuesta del Gobierno a los instrumentos constitucionales que la permiten ejecutar, pero también controlar democráticamente.
El segundo mensaje de Sánchez fue una advertencia a Europa. El discurso del presidente del Gobierno se movió en el filo de la amenaza y el victimismo, a punto de convertir a Holanda y Alemania en el chivo expiatorio de las consecuencias económicas de la pandemia en España. Es cierto que la respuesta del Gobierno holandés fue insolidaria y falta de empatía, pero el Ejecutivo español deberá aceptar que Europa apoya políticas fiables, gobiernos eficaces y presupuestos verosímiles de ingresos y gastos. La Europa que tiene que ayudar es el reverso de la Europa que tiene que disciplinarse. Y España, para salir de la crisis económica en la que ya estamos, deberá revisar los fundamentos de su gasto público, para hacerlo más eficiente y mejor gestionado. Sí, la Unión Europea debe ser un proyecto solidario, tal y como inspiró su fundación, pero su sentido paternalista, tan propio de la postguerra, se está viendo superado por la diversidad de formas de enfrentar las crisis y de entender el Estado de bienestar. El populismo económico de izquierda se ha hecho presente en las últimas medidas del Gobierno, y no son más que pan para hoy y hambre para mañana. Realmente, estamos asistiendo a un ejercicio de intervencionismo socialista y totalitario de la economía que la Unión Europea no va a financiar.
Este Gobierno es una fuente inagotable de confusión e inquietud. Siempre busca burladeros en los que esconderse de su incompetencia, ya sean las autoridades sanitarias, las competencias autonómicas, la UE, incluso su ignorancia deliberada sobre la gravedad de los avisos de la pandemia. Huye de la responsabilidad y asimila sin rubor haberse dejado engañar con 650.000 test, mientras la Policía Nacional confirmaba ayer públicamente, en el propio Palacio de la Moncloa -y ante el pasmo del secretario de Estado de Comunicación- que desde enero buscaba mascarillas para sus agentes.
No ha habido un Gobierno con tanto poder acumulado en la democracia como el de Sánchez; y pocos ejecutivos como el suyo cuentan con una población tan predispuesta al sacrificio como la española. No. El Gobierno no está a la altura de los españoles.