Gibraltar: cesión y renuncia

Las decisiones adoptadas por los sucesivos gobiernos socialistas respecto a Gibraltar comparten el ingrediente ilusorio de creer que la flexibilización de las posiciones españolas sería respondida con un gesto de la colonia británica. Ya le pasó a Miguel Ángel Moratinos, que cometió la torpeza de incluir a los gibraltareños en las negociaciones y de autorizar los vuelos desde Madrid, confiando en que España disfrutaría del uso conjunto del aeropuerto, que se encuentra fuera del territorio cedido en el Tratado de Utrecht. No funcionó. Le volvió a pasar a Josep Borrell, con un convenio fiscal que el Gobierno defendió ayer en el Congreso y con el que España reconoce innecesariamente la legitimidad de instituciones y autoridades coloniales, con la pueril esperanza de que esta nueva cesión contribuya a que Gibraltar deje de actuar como paraíso fiscal y refugio de piratas financieros.

La salida del Reino Unido de la UE ha creado condiciones históricas para que España pueda avanzar como nunca antes en su reclamación sobre la soberanía de esa ciudad. Los gibraltareños votaron masivamente en contra del Brexit precisamente por eso, y no porque tuvieran una acusada vocación europeísta, que de ser así podrían haber mantenido perfectamente de la mano de España. Sabían que, sin la UE, cualquier gobierno español tiene muchos más medios para hacer valer sus tesis y demandas históricas. No se entiende muy bien que el mismo Gobierno de Sánchez supiese actuar con tanta y buena cautela en las negociaciones entre la UE y el Reino Unido y que ahora se dedique a hacer concesiones a las autoridades de la colonia, a no ser porque, tal vez, prefiera escuchar a los socialistas de la zona del Campo de Gibraltar, siempre tan sensibles a las trapacerías de los llanitos.