Editorial ABC

Gana el separatismo

Sánchez deshonró ayer las obligaciones propias de la segunda autoridad del Estado al dignificar de modo claudicante a Torra, un presidente de la Generalitat inhabilitado penalmente por mofarse de la Justicia

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Sánchez deshonró ayer las obligaciones propias de la segunda autoridad del Estado al dignificar de modo claudicante a Torra, un presidente de la Generalitat inhabilitado penalmente por mofarse de la Justicia. Es innoble que un presidente del Gobierno invite a dialogar a un delincuente a la espera de sentencia firme cuyo único patrimonio es haber alcanzado la Generalitat de rebote y que se vanagloria de proclamar la república catalana, de hablar de «presos políticos» y de exigir el retorno de «exiliados» que no son sino prófugos de la Justicia. Sánchez permitió ayer que Torra le dispensara honores de jefe de Estado, cosa que no es y que suponen un meditado desprecio a la Corona, y le correspondió como si el Palau de la Generalitat fuese la sede de un Gobierno de otro país. Y aunque solo fuera con gestos, legitimó la consideración de Cataluña como una «nación» y desautorizó a nuestros Tribunales tras haber inhabilitado a Torra. Dejó claro cuál es el patrimonio ético de este Gobierno al insistir de nuevo en que el «diálogo» debe ponerse por encima de la legalidad, y su estrategia política de subordinación al independentismo para sobrevivir en el poder. De nuevo Sánchez hizo una alegoría en contra de la separación de poderes, de la Constitución y de la dignidad atribuible al Gobierno de la nación. Inclinarse ante Torra demuestra lo poco que le importa ningunear al resto de España, y lo mucho que improvisa de modo táctico. Si no, ¿cómo es posible que el pasado viernes dejase en suspenso la «mesa de negociación» con el separatismo, y ayer se apresurase a presidirla en los próximos días?

Sánchez no es solo rehén del separatismo y víctima de una extorsión política, que acepta con gusto, sino que es rehén de sí mismo. Rehúye la palabra «Constitución» para no ofender al separatismo, da carta de naturaleza a unos sediciosos, planea nombrar a una fiscal general carente de idoneidad incluso para su propia carrera, proyecta estrangular el delito de sedición, y se ha comprometido a desactivar al poder judicial frente a cualquier ilegalidad del nacionalismo excluyente. Incluso, retiene el dinero de las comunidades para ofrecérselo a Cataluña y al País Vasco. Todo, con una interminable sucesión de mentiras.

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