Fraude de ley, ganan los sediciosos

La decisión de las juntas de tratamiento de tres cárceles catalanas de conceder el tercer grado penitenciario a los dirigentes separatistas condenados por sedición no es ninguna sorpresa. Todo responde a un plan preestablecido por la Generalitat y anunciado minutos después de que el Tribunal Supremo dictase su sentencia. Entonces, el Gobierno catalán afirmó sin rubor que su principal objetivo era dejarlos libres con urgencia. Por eso, el criterio de esas prisiones es solo la antesala de una maquinación política humillante para el Estado de Derecho. Es la primera fase de un fraude de ley y de un abuso mayúsculo que deslegitima a nuestros tribunales, por legal que pueda ser proponer semejante medida, como recordó Sánchez ayer mismo al admitir que no tiene «nada que oponer». Sin embargo, tanto las juntas de tratamiento carcelarias como Sánchez olvidan que conceder estos privilegios cuando no se ha cumplido ni siquiera la mitad de la pena se basa en criterios extraordinarios que no se dan en ningún caso. Es solo una decisión política para dejar en semilibertad a unos delincuentes que nunca se han arrepentido de atentar contra la unidad nacional. Ante tanto juridicismo de parte y tanto retorcimiento de la ley, la pregunta que debe hacerse cualquier demócrata es la siguiente: ¿cuántos reclusos condenados a trece años por delitos tan graves obtienen la semilibertad a los diez meses de la sentencia? La respuesta es simple. Ninguno.

Todo es un paripé grotesco. La decisión supuestamente independiente y profesional de las juntas de prisión tiene que ser ratificada en dos meses por la misma consejera de Justicia que dijo «los quiero ver en libertad ya». Aquí no hay criterios jurídicos ni humanitarios relevantes. Hay órdenes políticas para sacar de prisión como héroes a unos condenados por poner nuestra democracia en riesgo. Todo responde a una estrategia para pervertir el valor de nuestra justicia, el sentido de la condena y la punibilidad de las conductas. Es un intento de imponer el poder político sobre el judicial y la consagración de un agravio comparativo con decenas de miles de presos con delitos menos graves, que no podrían imaginar un beneficio así para ellos.

La Generalitat es el único gobierno autonómico con competencias en materia penitenciaria, y eso demuestra por qué ceder ante el chantaje nacionalista es un error. Gana la impunidad, y los delitos graves salen casi gratis porque condenas de trece años se saldan con un cumplimiento efectivo de poco más de dos. Tratar de derogar la Constitución por la fuerza se puede convertir ahora, si el Tribunal Supremo no lo impide revisando la decisión, en un triunfo moral de unos golpistas. La Fiscalía de Dolores Delgado -y de Pedro «pues eso» Sánchez- tiene ocasión de demostrar que España sigue estando por encima de una extorsión. Lo contrario sería gobernar para conceder indultos encubiertos como este para agradar al independentismo.