Fracaso del «procés» y farsa electoral

La deslealtad entre JpC y ERC quedó ayer acreditada con la decisión de Joaquim Torra de adelantar las elecciones en Cataluña de un modo fraudulento. Hay fraude porque con un tacticismo inmoral se negó a dar la fecha y la condicionó a la aprobación de los Presupuestos, y porque debe carecer de competencias para disolver el Parlament tras su inhabilitación. A Torra y a Puigdemont les ha podido el despecho y el oportunismo después de que el PSOE haya sellado una alianza post-golpista con ERC para que rentabilice a futuro una consulta soberanista que jamás debería producirse. Pero no es la legislatura la que no tiene ya «más recorrido», como justificó Torra. Es el político inhabilitado y el propio «procés» los que no tienen más recorrido del que quiera otorgarles Pedro Sánchez, una vez que ha fracasado el desafío destructivo al Estado. Las nuevas elecciones son otra huida hacia adelante con las que Cataluña se enfrenta a otro panorama político enloquecido y contradictorio. Si, en efecto, la legislatura ha caducado antes de tiempo, cabe preguntarse qué tiene que negociar Torra con Sánchez si tendrá que abandonar el cargo por delinquir y qué puede llegar a acordar el Ejecutivo con unos independentistas que se muestran incapaces de pactar entre sí. La «mesa de negociación» no será solo una claudicación a la desesperada de Sánchez, sino un «órgano» inservible que habrá muerto antes de nacer. Por eso es irresponsable asumir la extorsión de unos totalitarios que se desprecian y traicionan. Es indudable que Torra y Puigdemont pretenden desmontar el andamiaje levantado por Sánchez con Podemos y ERC en busca de un «doble tripartito» nacional y autonómico. Y en esa estrategia, JpC arriesga, pero más arriesga ERC, al que el separatismo más intransigente presentará como un traidor a la causa y como un «colaboracionista» del mismo PSOE que aplicó el 155.

Se abre también otra fase de anomalías jurídicas basadas en supuestos limbos e interpretaciones legales para obstaculizar el proceso electoral. La proclamación de candidatos, por ejemplo, puede ser un problema de primer orden si JpC decidiera imponer a Puigdemont en su lista, porque está momentáneamente legitimado en su inmunidad por la Eurocámara, pero pesa sobre él una orden de detención inmediata si pisa España. El conflicto jurídico-electoral para victimizarlo sería inevitable. También se planteará un problema de fondo sobre la legitimidad de Torra para convocar comicios, toda vez que está inhabilitado como diputado y que el PP ha anunciado una querella por usurpación de funciones para evitar que siga como presidente. Si prosperase, sus decisiones serían nulas y abocaría al Parlament a otra investidura, no a elecciones. Y todo, con siete millones de catalanes tomados como rehenes. Un disparate.