La Fiscalía hace trampas con los plazos

El principal efecto que las normas dictadas en el estado de alarma han tenido en la actividad de los tribunales ha sido la suspensión de los plazos procesales, con la consiguiente paralización de actividades judiciales. En el ámbito de la Justicia penal, el decreto de alarma fijó las actuaciones a las que no afectaba la suspensión de plazos. El último decreto impulsado por el Ministerio, en vigor desde el pasado miércoles, dispuso que todos los plazos procesales comenzarán a computar desde el día en que se levante el estado de alarma. El contador se pondrá a cero, pero en garantía de los ciudadanos.

La Fiscalía que dirige la exministra Dolores Delgado pretende acogerse a esta medida de renovación de plazos para aplicarla a todas las investigaciones penales que quedaron suspendidas. En 2015, una muy sensata reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estableció plazos para la investigación de los delitos; plazos que podrían llegar a tres años, sin contar el tiempo en que los hechos hubieran sido investigados previamente por el fiscal o bajo secreto por el juez. Ahora, la Fiscalía quiere que los plazos de todas las investigaciones empiecen de nuevo, como si no hubiera transcurrido un solo día. Esta interpretación es una afrenta al Estado de Derecho y a las garantías de las personas investigadas. La obligación del Ministerio Fiscal es propiciar investigaciones diligentes y acudir lo antes posible al juicio oral. Debería recordar la Fiscalía algunos de sus últimos fiascos -Xabi Alonso, Sandro Rossell- para los que no tuvo limitación de tiempo. Sería inadmisible que la Fiscalía pretendiera también dar por suspendidos los plazos de la prisión provisional en la que se hallan muchos investigados. Delgado ya no está en una chabacana sobremesa con Garzón y Villarejo, sino al frente de la muy digna Fiscalía General del Estado.