La Fiscalía, firme a la orden de Marlaska

La Fiscalía se ha opuesto a que el Tribunal Supremo admita las querellas presentadas contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por supuestos delitos de prevaricación, falsedad y coacciones, derivados de la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como responsable de la comandancia de Madrid. Parcialmente, el punto de vista de la Fiscalía es razonable, ya que, al tratarse de un cargo discrecional de libre designación, el cese puede producirse en cualquier momento, y parece tener más visos de prosperar cualquier recurso ante la jurisdicción administrativa. Sin embargo, ya no es tanto una cuestión penal -que podría serlo- como de bajeza ética y de falta de ejemplaridad. La sombra de la sospecha va a pesar sobre la Fiscalía durante toda la legislatura. Desde el mismo instante en que Pedro Sánchez la puso en manos de Dolores Delgado, la ministra de Justicia más sectaria de nuestra democracia, se hizo difícil pensar que la Fiscalía fuese a ser imparcial cuando alguna cuestión penal afectase al Gobierno.

Sea delictivo o no, Marlaska reúne méritos suficientes para ser destituido: incurrió en una conducta abusiva, vengativa e intolerante con De los Cobos, mintió al Congreso, justificó una intervención prohibida de Interior en un caso jurisdiccional para favorecer al delegado del Gobierno en Madrid y trató de atacar la independencia judicial exigiendo al coronel que le entregase un informe sobre el 8-M que solo podía conocer una juez. Y todo, agravado precisamente por la condición de juez del propio Marlaska, quien además de convertirse en un consumado purgador, ha dado validez al aserto de Sánchez de que la Fiscalía «depende» de Moncloa. Nunca en democracia hubo una Fiscalía más solícita y humillada al servicio del Gobierno.