Fiscal de gabinete

El paso de Dolores Delgado por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados se produjo con más pena que gloria, porque su candidatura a la Fiscalía General del Estado es inexplicable. El deseo de Pedro Sánchez de nombrarla para semejante puesto institucional, clave en el Estado de Derecho, sólo puede responder a una estrategia de abierta manipulación partidista de la jefatura de la Fiscalía. No se puede aspirar a otra con la exministra Delgado. Sin prestigio ni autoridad entre compañeros fiscales, Delgado representa el activismo político en el seno de la justicia, para lo que es imprescindible no tener buen nombre del que preocuparse. Sólo su pretérita relación con el comisario Villarejo, aliñada con su amistad con Baltasar Garzón, convicto de un delito de prevaricación judicial, sería motivo suficiente para que ningún presidente del Gobierno mínimamente sensato pensara en Delgado para la Fiscalía General. No hace falta que esos vínculos pasados fueran delictivos. Basta con que sean turbios, como lo son. Si a esto se suma la militancia activa de Delgado como ministra y diputada del PSOE contra el Partido Popular, se cierra el círculo de los motivos para concluir que nunca la fiabilidad de la Fiscalía General del Estado había caído tan baja.

La idea que tiene Pedro Sánchez sobre la justicia debe ser una pesadilla. Si no fuera así, no se atrevería a proponer a Dolores Delgado. Pero lo ha hecho, y con tal decisión, levanta un muro difícilmente franqueable para que el Partido Popular convenga con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial o una nueva ley de enjuiciamiento criminal. Ambas son iniciativas que deben enmarcarse en un plan de respeto al Poder Judicial, acreedor, en efecto, de acuerdos de Estado, pero también de personas respetables en su ámbito profesional y con autoridad moral para desempeñar las más altas funciones públicas que demanda la justicia, como la Fiscalía General del Estado. Es una incongruencia insuperable de Sánchez pedir responsabilidad institucional al Partido Popular para que pacte la renovación del Consejo General del Poder Judicial y luego colocar a Dolores Delgado en la Fiscalía General.

A Sánchez debe compensarle el riesgo que asume y el daño que causa con este nombramiento. Esperará beneficios superiores a los costes del desprestigio entre fiscales y jueces, con la tranquilidad de que el día que retire la confianza a Dolores Delgado lo hará sin sentimiento alguno y dejándola caer por el peso de sus propias inaptitudes para el cargo. Hasta que llegue ese momento, Delgado no será más que otra pieza del gabinete de Iván Redondo.