Estado de alarma económica

No ha sido la pandemia del Covid-19 la que ha puesto en jaque al Estado. El agujero en las cuentas públicas era muy anterior, y así lo advertían los organismos internacionales y la propia Airef en sus informes, que recomendaban que el Ejecutivo aprovechara la bonanza económica de los últimos trimestres para reducir el déficit y sanear las cuentas públicas. Lejos de asumir una política de contención y racionalización, el Gobierno de Sánchez insistió, en provecho propio y con fines electoralistas, en abrir aún más el grifo del gasto. El resultado es que la crisis del virus de Wuhan ha cogido a España sin el colchón económico que le hubiera permitido capear el temporal que se avecina. A la vuelta de la esquina, el mes de junio va a poner a prueba las costuras del Estado, que no solo tendrá que volver a recurrir a los préstamos para pagar a los pensionistas la extra de verano, sino hacer frente a los subsidios de los ERTE, que afectan a cuatro millones de trabajadores, cubrir la denominada renta mínima prometida ya por el Ejecutivo y satisfacer la nómina de los empleados públicos, una factura que en apenas unas semanas va a rondar los 29.000 millones de euros.

El aumento del déficit, permitido por Bruselas de forma excepcional, y de la deuda son la solución provisional a una situación de alerta que, sin embargo, va a prolongarse más allá de la pandemia. La sostenibilidad del sistema va a depender de que la prima de riesgo no se dispare en los próximos meses en función del deterioro económico que deje este crisis, y también de las condiciones que la Unión Europea fije para un rescate que Pedro Sánchez tendrá que pedir más pronto que tarde. El préstamo no va a salir gratis, menos aún para un Ejecutivo que de forma sistemática ha hecho oídos sordos a las recomendaciones comunitarias y ha disparado su gasto cuando no había otra alarma que la de su despilfarro.