Es España la que se queda atrás

Los números son implacables, y en el caso de España indican claramente que nos dirigimos hacia una crisis inédita en las finanzas públicas que solo la UE podrá atajar. La irrupción de la pandemia del Covid-19 ha asestado el golpe de gracia a una situación que ya venía avanzando en la peor de las direcciones, sin que nadie hubiera tenido el coraje de ponerle remedio. El panorama es aterrador. La deuda de la Seguridad Social prácticamente alcanza ya los 100.000 millones de euros, y aún será necesario incrementarla antes de fin de año, ya que este va a ser el ejercicio de mayor gasto y de menores ingresos, por la notable caída de las cotizaciones. Desgraciadamente, el Gobierno ha desperdiciado dos años al evitar la reducción del déficit y la deuda o la sostenibilidad de las pensiones. La gestión de la pandemia, en los últimos meses, no ha hecho sino agravar la situación.

El escenario ha cambiado respecto a la crisis anterior, y las instituciones europeas asumen que será necesaria una expansión del gasto público para intentar reconstruir la economía, abriendo todos los grifos posibles, desde el Banco Central Europeo a la propia Comisión, que ha relajado las reglas del pacto de estabilidad para permitir superar los topes de déficit público. Sin embargo, toda esta financiación que espera el Gobierno de Pedro Sánchez habrá que devolverla, incluso la que formalmente es a fondo perdido, porque se pagará a través de las aportaciones al presupuesto comunitario, que, además, estará limitado durante años por la necesidad de reembolsar la deuda que asume Bruselas para poder ayudarnos. La supuesta agenda social del Gobierno no es más que una herencia que, en forma de números rojos, lastrará el desarrollo vital de las nuevas generaciones, al menos durante los próximos veinte años.

El ministro responsable de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, sabe perfectamente que las políticas de expansión de gasto que promueve Unidas Podemos ni siquiera las puede soportar un país petrolero, como se ha visto en Venezuela, y sin embargo las asume sin rechistar. La actual titular de Trabajo, Yolanda Diaz, responsable de la ruptura del consenso de un Pacto de Toledo que de haber fructificado representaría ahora un bálsamo para todos, no ha sido capaz de gestionar las ayudas al desempleo temporal. Por su parte, la ministra de Economía, Nadia Calviño, se ve continuamente desautorizada por el vicepresidente Iglesias. Hasta ahora Pedro Sánchez ha preferido ignorar la realidad cuando no se ajustaba a sus prejuicios. Por desgracia para todos, esta actitud irresponsable tendrá un precio altísimo que hará palidecer el recuerdo de la última crisis.