España no merece más decepciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobará hoy la implantación del estado de alarma. Este juego de fechas expresa la torpe dinámica que el Ejecutivo ha impuesto a sus decisiones, siempre a rebufo de unos acontecimientos cuya evolución era perfectamente descriptible a la vista de los precedentes chino e italiano. Otra vez, Pedro Sánchez anunció que aplazaba lo urgente. Lo hizo ya con el famoso plan de choque, que no fue tal y hasta ayer no vio la luz en el Boletín Oficial del Estado. El presidente del Gobierno de una nación golpeada por una pandemia inédita y sometida al estrés del temor y la incertidumbre no debe comportarse de esta manera. Si su Gobierno ya tenía ayer previsto aprobar el estado de alarma, ayer mismo debió reunirse el Consejo de Ministros para dar el visto bueno al decreto de medidas que deben reflejar el cambio implicado por esa declaración. En cambio, habrá que esperar a la mañana de hoy -de nuevo, superado por la crisis- para saber en qué va a consistir el estado de alarma. Mientras, se expande el virus de la duda y el temor. Por exigente que parezca, los acontecimientos exigían del Gobierno haber actuado con mayor celeridad. Parece que el confinamiento de 70.000 ciudadanos de Igualada y otras localidades, decidido por la Generalitat catalana, ha forzado una decisión sin la cual el Gobierno central volvía a quedar en evidencia, como le está sucediendo con los gobiernos populares de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital.

Pedro Sánchez pudo haber despejado ayer la incógnita al menos sobre la autoridad que deberá asumir las competencias derivadas del estado de alarma. Debe ser el Gobierno de la Nación quien lidere esta reagrupación de recursos públicos y privados, si fuera necesario, porque la crisis del Covid-19 es una crisis global. Toda respuesta pública debe basarse en una planificación centralizada, que imponga -sí, imponer- una sola política de distanciamiento social, confinamientos urbanos, garantía de distribución comercial, armonización de la red pública sanitaria, participación de recursos privados y despliegue de unidades militares. El diálogo es muy necesario, sobre todo para la supervivencia de un Ejecutivo débil y construido sobre el chantaje de sus socios. El presidente del Gobierno no necesita más refrendos de presidentes autonómicos, ni más respaldos de los agentes sociales. Le toca decidir como máxima autoridad política del Estado. Quizá Sánchez y su Gobierno se han topado con algo que no tenían en su agenda: el Estado. Ahora debe defenderlo y actuar como lo están haciendo otros gobiernos europeos, con situaciones mucho más favorables que la española, que no han dudado en aplicar políticas nacionales y centralizadas para combatir el Covid-19.

El estado de alarma no es una derogación del Estado autonómico, ni una oportunidad para desatar las pulsiones confiscatorias de una parte del Gobierno. Es una solución temporal, para quince días, cuya prórroga debe contar con el aval del Congreso. El líder del PP, Pablo Casado, garantizó ayer el apoyo de su partido a la decisión del Gobierno y a la prórroga del estado de alarma, que será necesaria a la vista de las proyecciones actuales. No puede quejarse el Gobierno de la leal respuesta que está recibiendo de la oposición. Respuesta necesaria, porque la marea alta de infectados y muertos se sitúa para principios de abril, lo que hará imposible la reanudación en esas fechas de las clases en colegios y Universidades antes de Semana Santa y, probablemente, antes de que finalice el curso académico. Esta unidad política es ahora mismo imprescindible, porque los ciudadanos no podrían soportar una contienda partidista en este momento, cuando a ellos se les está reclamando un comportamiento unitario y responsable. Den ejemplo, por favor.

Tiempo habrá de pedir responsabilidades políticas, porque esta crisis sanitaria está poniendo a prueba a la sociedad española, pero también a su clase dirigente. Y cuando la situación se normalice, será necesario valorar cómo se ha gestionado, y por quién, esta etapa aciaga de la historia de nuestro país. Es necesario que cada español haga honor a su condición de ciudadano y asuma la responsabilidad de cuidar de los demás con tanta intensidad como debe cuidar de sí mismo. Ser ciudadano en España se convierte en estas circunstancias en un reto ético y en una prueba de sensatez. La española es una sociedad del mundo más desarrollado, con servicios públicos y redes privadas para toda necesidad, inmersa en una cultura del ocio y del bienestar garantizado. Por eso, esta crisis del Covid-19 es una terapia de choque que ha de demostrarle a sí misma que puede salir de su confort y asumir todos los sacrificios necesarios para volver a pasear por las calles sin temor.