España, dos meses alarmada

España ya ha cumplido dos meses bajo un decreto extraordinario de alarma que si bien ha sido tardíamente útil para mitigar la pandemia, también está siendo utilizado como coartada para imponer prácticas gubernativas de dudosa constitucionalidad. Sesenta días después, el Gobierno pretende prorrogarlo durante un mes más sin una justificación jurídico-legal definitiva. La excepcionalidad se ha instalado en nuestro país como nunca antes en democracia. Hasta ahora fue asumible una restricción de garantías y libertades, un sacrificio en la normalidad de nuestras vidas, porque el objetivo esencial era contener la letalidad. Sin embargo, el estado de alarma empieza a carecer de sentido. No es compatible que el «comité de expertos» de Sánchez afirme que la epidemia parece ya controlada, y que a su vez Moncloa pretenda prorrogar lo que en la práctica es un estado de excepción. Es hora de devolver a los ciudadanos los derechos a los que han renunciado por responsabilidad y espíritu democrático. Lo que ocurre es que empieza a extenderse la sensación de que ese espíritu democrático es el que Sánchez e Iglesias nos hurtan para consagrar un modelo de gobierno por decreto. Sin ir más lejos, se están perturbando los derechos de manifestación, reunión y expresión bajo la excusa de un estado de alarma que solo permite aplaudir desde el balcón. En España hay unas restricciones aprobadas por el Gobierno y avaladas por el Congreso. Bien. Limítense en lo que establezcan los decretos en virtud de criterios sanitarios, asegurando distancias físicas o tiempos específicos de protesta, evitando masificaciones. Y que quien salga sea consciente siempre de que esas normas y ese distanciamiento son de momento esenciales, aunque se trate de «recomendaciones» y Sanidad no las considere obligatorias. La responsabilidad individual es muy importante. Pero no es democrático identificar a discrepantes del sanchismo por expresarse en la calle contra sus abusos. Nadie delinque por protestar aunque Sánchez quiera penalizarlo.

El presidente del TSJ de Castilla y León se unió ayer a otros juristas que alertan del peligro de una prórroga injustificada de la alarma. No se está restringiendo o limitando ocasionalmente algún derecho en interés general con el objetivo de frenar una pandemia, se están suspendiendo derechos fundamentales. El Gobierno ha paralizado el país, ha permitido el colapso económico con medidas improvisadas y chapuceras y está generando una regresión democrática. Un vicepresidente puede ufanarse de burlar el confinamiento pese a ser un riesgo para el contagio, pero un ciudadano no puede detenerse en su paseo a silbar al Gobierno. En 40 años de democracia, nadie salió a las calles a pedir «libertad». Hoy ocurre porque hay una regresión en los derechos y crece el temor a convertirnos en una nación arruinada.