Entre la necesidad y la propaganda

El ingreso mínimo vital es una medida adecuada a la situación crítica que sufren muchas familias por la pandemia. Su aprobación por el Consejo de Ministros es una buena noticia siempre que evite un empobrecimiento irreversible de los ciudadanos sin empleo e incentive la búsqueda activa de trabajo para que los ingresos del ciudadano se los deba a sí mismo, no a un subsidio indefinido. Pero no hay que olvidar que revela la existencia de un deterioro grave del nivel de vida en amplias capas sociales. Lo que resulta preocupante es el enfoque propagandista que la extrema izquierda del Gobierno está dando al ingreso mínimo vital. Volver a inaugurar la justicia social a cuenta de esta medida, como hicieron ayer Iglesias y Sánchez, cual mesías de la igualdad, es una manipulación del sufrimiento social. Un ingreso así debe ser excepcional y reversible, no un derecho consolidado que acabe disuadiendo al ciudadano de buscar un trabajo. La izquierda no ha aprendido la experiencia de 2011, cuando Zapatero suprimió de un plumazo -el que le impuso Bruselas- algunas de las medidas estrella de su agenda social.

Además, esto hay que pagarlo. Con un descenso de la recaudación fiscal que ronda el 30% y un aumento del déficit al 2%, el Gobierno debería haber presentado este ingreso mínimo vital en un plan general de reactivación económica, con decisiones enérgicas de inyección de fondos en el circuito económico. El Gobierno está subsidiando el desempleo y avalando el pago de sus propios impuestos, que sueña con subir de manera brutal, pero no hay una apuesta por la capitalización de las pequeñas y medianas empresas. El paraíso de la vieja izquierda es una población subsidiada, sumisa ante el temor de perder lo que recibe. Esta no es la senda de la recuperación a la que debe aspirar un país europeo y moderno como España, sino de la pobreza bolivariana.