Desescalada hacia el desastre

Antes de la retransmisión del mitin diario que el Gobierno organiza en La Moncloa, fueron el secretario de Estado de Seguridad Social y la ministra de Trabajo los encargados de dar doctrina al alardear de la magnitud del desastre laboral provocado por el virus de Wuhan, acentuado por la parálisis económica decretada por el Gobierno. Yolanda Díaz llegó a decir que el pago de 5.197.451 prestaciones por desempleo el pasado abril representa el récord histórico en la «protección social» de España. No puede haber mejor resumen del desenfoque que sufre un Ejecutivo que se dice social y progresista y que se vanagloria del avance de un Estado asistencial e insostenible, en el que son las prestaciones de desempleo su gran logro político. Ni siquiera Pablo Iglesias lo hubiera contado mejor a su «gente». Las cifras del desempleo registradas en abril, condicionadas por la provisionalidad de los ERTE con que el Gobierno ha intervenido el mercado laboral, son la verdadera punta de aquel iceberg -«con una parte sumergida», aclaró- al que Pedro Sánchez se refirió hace ahora dos semanas en el Congreso de los Diputados. La destrucción del tejido productivo, la caída histórica en las cotizaciones de la Seguridad Social y el aumento de los desempleados, que rozan ya los cuatro millones, tras sumar más de medio millón el mes pasado, dibujan el escenario de una crisis cuyo alcance depende de factores que en parte escapan al control del Gobierno, pero que va a estar determinado por el sesgo ideológico, incompatible con la generación de riqueza, que ha mostrado desde su misma formación.

Que la desconfianza de los consumidores se haya desplomado hasta los registros de 2012, cuando España comenzó a remontar la crisis financiera de 2008, revela que aquella «hibernación» que a finales de marzo y durante dos semanas ordenó el Ejecutivo socialcomunista, desbordado por su imprevisión y víctima de su indiferencia ante la amenaza del Covid-19, ha desembocado en la parálisis de buena parte de la industria y el comercio y en el desplome de unos servicios de los que dependen millones de empleos y buena parte del PIB. Con los mercados exteriores apenas entreabiertos y sin el balón de oxígeno que proporciona el turismo internacional, dejar en manos del consumo doméstico, también replegado, el trazado de esa «uve asimétrica» en la que el Gobierno confía la recuperación no deja de ser un brindis al sol. España no puede permitirse una cifra de desempleados -la punta del iceberg de Sánchez- que roza ya los cuatro millones, pero tampoco un Gobierno que establece los estándares de protección en función del número de prestaciones que concede y cuyo sectarismo le impide afrontar con sensatez cualquier política de reconstrucción, ante los españoles o ante nuestros socios europeos, que tendrán que financiarla.