El «Delcygate» ya es el caso Ábalos

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, está viviendo probablemente sus semanas más tensas en política. Su reunión nocturna en el aeropuerto de Barajas con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, ya está judicializada. Y no es para menos, porque el episodio reviste aparentes caracteres de delito. De momento, una juez ha ordenado a AENA no destruir las grabaciones de seguridad para impedir que desaparezca información sensible sobre aquel encuentro. La medida para proteger pruebas es razonable, y el escándalo político mayúsculo. Hasta ahora, consta que Ábalos ha dado siete versiones contradictorias de la cita, de lo cual se deduce que al menos seis son falsas, si no lo son las siete. En este caso confluyen dos graves problemas para Pedro Sánchez. Hay, primero, una cuestión de fondo para esclarecer mil interrogantes sobre los motivos por los que está cambiando la relación diplomática de España con un régimen dictatorial y corrupto; por qué se trató de ocultar la visita de Rodríguez, quien tiene expresamente prohibido pisar suelo europeo; por qué el Gobierno está dando cobertura a una ilegalidad flagrante, o si el avión transportaba decenas de maletas que difícilmente pueden constituir un secreto de estado amparado por la valija diplomática. Este Gobierno, acostumbrado a despreciar las preguntas de los periodistas, y que impone sobre qué conviene interrogar a sus ministros porque solo La Moncloa sabe lo que interesa o no a los españoles, no solo no ha dado una respuesta coherente a nada, sino que además podría haber delinquido. Es muy grave.

Pero en segundo lugar, hay una cuestión de forma no menor. No hace falta que un ministro como Ábalos cometa delitos para perder su aura de ejemplaridad, o de benefactor de la democracia salvando a España de un conflicto diplomático. Basta con que no mienta. Pero Ábalos, y Sánchez, y Grande-Marlaska, y la ministra de Exteriores, y Calvo e Iglesias, han mentido a conciencia y sin pudor alguno. Han mentido al Congreso, a la Prensa y a los españoles. Y eso, proviniendo de un Ejecutivo socialista como el que acuñó contra el PP la máxima de «no nos merecemos un Gobierno que mienta», es el colmo del cinismo. Tan relevante es aclarar si Ábalos ha delinquido -dejando a salvo su presunción de inocencia- como la incompatibilidad de su cargo con la mentira. Lo de menos es si la ofensiva contra Ábalos proviene de fuego amigo desde dentro de La Moncloa, o por qué al ministro de Justicia, que es magistrado, le parece «extraño» que un juez investigue. Lo trascendente es que Ábalos vive sobre una mentira, no sobre una negligencia. Haya prevaricado o no, todo se basa en un engaño masivo. No es solo el «Delcygate» lo que debe preocupar a Sánchez, sino el caso Ábalos. No son lo mismo.