Confirmado: para Sánchez «con la ley no basta»

A 48 horas de que se celebre el pleno del Parlamento catalán, el Gobierno sigue poniendo por delante la decisión sobre la pérdida del escaño del inhabilitado Quim Torra que tomen los partidos separatistas (que dominan la Cámara) frente a la resolución de la Junta Electoral Central, avalada por el Tribunal Supremo, que insta a Roger Torrent a retirarle de inmediato el acta al presidente de la Generalitat. Eso se traduce de las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, a la sazón «número dos» del PSC, que ayer dijo que el Ejecutivo acatará lo que haga el Parlament. Habida cuenta de los antecedentes de desobediencia a lo que sentencia la Justicia, parece ilusorio dar por hecho que la Cámara autonómica «vaya a respetar las decisiones judiciales», como ayer mismo afirmó Illa, que quizá haya olvidado que la anterior presidenta del Parlament está en la cárcel condenada por sedición. Más aún, el propio Torra ha señalado que no piensa dejar el acta, perseverando en la desobediencia por la que fue condenado. El patrón del Gobierno social-comunista parece claro en este asunto, «con la ley por sí sola no basta», pues el propio Sánchez lo aseguró en su discurso de investidura. Quizá fuera esta una de las razones por las que ERC facilitó su llegada a La Moncloa. Hasta el momento, son las componendas y los «pactos» partidistas con la facción separatista los que ganan claramente ventaja sobre las decisiones de los tribunales, lo que de facto pone en jaque la legitimidad de las instituciones.

Hemos llegado a esta situación porque hace unos años un dirigente, Rodríguez Zapatero, abría el cajón de los truenos al afirmar que aprobaría «cualquier» reforma del Estatuto catalán que apruebe el Parlament. Luego resultó que él mismo redactó, al alimón con Artur Mas, que era altamente inconstitucional. Y allí empezó todo. Nada han aprendido los socialistas de aquel error.