Confinamiento y libertades públicas

Estas semanas de confinamiento para combatir la pandemia del Covid19 han puesto a prueba la sensibilidad del Gobierno social-comunista hacia las libertades públicas. ABC reflexiona hoy en su Primer Plano sobre el trance y momento por el que pasa la libertad en el mundo y particulamente en España, siendo como es un principio inalienable de la condición humana. Pensadores, filósofos, políticos y juristas repasan en esas páginas el estado de la cuestión. Por ello, no hay que sucumbir a la exageración populista, ni al infundio público para percibir con preocupación los brotes autoritarios del Gobierno en el control de la situación. Los ciudadanos han entendido que deben quedarse en casa para reducir el contagio. Por eso, no es discutible la instauración del estado de alarma. El motivo de la preocupación de muchos es el encubrimiento tras la pandemia de prácticas intervencionistas en las libertades ciudadanas por parte del Gobierno. En la naturaleza de una parte de la izquierda sigue latente la pulsión por el ejercicio autoritario del poder, basado en su identificación con el pueblo y en un arrogante monopolio de la verdad. El registro de incidentes antidemocráticos en las últimas semanas habrá que exponerlo a la luz pública con mayor protagonismo cuando se ponga fin a este estado formalmente de alarma, pero materialmente de excepción. A duras penas ha conseguido la oposición levantar el cerrojazo impuesto a la actividad del Congreso, silenciado en la labor de control sobre el Gobierno, sin la cual pierde todo su sentido la democracia parlamentaria de 1978. El Ejecutivo, azuzado por su ala comunista, está tejiendo una red de coartadas para limitar la crítica. Empezó con unas ruedas de prensa pervertidas en actos de censura previa y siguió con unas denuncias de doble fondo contra los bulos en las redes para animar a la Fiscalía a intimidar a los críticos del Gobierno en las redes. Es cierto que en estas redes circulan difamadores, pero poca autoridad tiene este Gobierno en esta materia, cuando sus ministros comunistas aplauden las vejaciones al Rey y disculpan, como legítima libertad de expresión, las apologías del terrorismo y la inducción a atentados en las letras de raperos. Y como prueba irrefutable del empuje antidemocrático tenemos un organismo que debería ser neutral, el CIS, convertido en célula de agitación y propaganda.

Si una opinión pública libre es necesaria para la pervivencia del Estado democrático, la seguridad jurídica lo es para la del Estado de Derecho. Alguno decretos y órdenes ministeriales dictados al amparo del decreto de alarma han causado incertidumbre por su redacción confusa, tardía y por apuntar objetivos de dudosa congruencia con la Constitución. Cuando se retire la pandemia, quedarán los efectos sobre las libertades de los ciudadanos y será la hora de las responsabilidades políticas.