Condenados a entenderse

Elijan la fórmula que elijan para conformar una coalición electoral o para la inclusión de candidatos de los dos partidos en las listas, el PP y Ciudadanos están condenados a entenderse. Y no solo en las próximas elecciones gallegas y vascas, o en las posteriores de Cataluña, sino para futuros comicios. La fragmentación del voto del centro-derecha solo tiene un efecto, el de la mutua anulación de ambos partidos para la consecución de escaños. Lo ocurrido en las elecciones generales de noviembre es sintomático, porque habiendo obtenido el PP, Vox y Ciudadanos una suma total de once millones de votos, por diez de los partidos de izquierda, la distribución de escaños en virtud de la ley electoral terminó beneficiando al PSOE. Y así está España ahora, gobernada por una coalición de socialistas y comunistas sustentada en unos chantajistas independentistas que han expresado su voluntad de fulminar la separación de poderes y de marginar al poder judicial para que no pueda interferir en los planes soberanistas de Pedro Sánchez. Sin embargo, es cierto que no resulta factible interpretar con el mismo rasero el poder real del PP o de Ciudadanos en Galicia, el País Vasco o Cataluña. En la primera autonomía, el partido de Inés Arrimadas es irrelevante, pero no alcanzar un acuerdo de listas conjuntas dominado mayoritariamente por el PP sería tan absurdo como hacer desaparecer las papeletas electorales con la marca única de los populares. Por eso Ciudadanos debe ceder y renunciar a una coalición previa en términos de igualdad, ya que el dominio de Alberto Núñez Feijóo con su mayoría absoluta es incuestionable. Forzarle a renunciar al patrimonio político conseguido no tiene demasiado sentido. En el País Vasco, en cambio, sí procede presentar una marca única conjunta al estilo de lo que ocurrió con Navarra Suma. El PP tiene un papel casi residual en esa comunidad, pero el de Ciudadanos es inexistente. A su vez, en Cataluña tiene lógica que sea el PP quien ceda en favor de Ciudadanos ya que, pese a que su expectativa de voto se ha reducido sensiblemente, a día de hoy es todavía la fuerza constitucionalista más votada y arraigada.

El acuerdo entre ambos partidos es necesario. Son compatibles, y ese pacto respondería a una necesidad mutua en Cataluña y el País Vasco, donde la amenaza del secesionismo es real, y en Galicia, donde un puñado de votos podría volver a conceder la mayoría a las fuerzas de la extrema izquierda nacionalista junto al PSOE. La confluencia de mensajes al electorado del centro-derecha se convierte así en una exigencia en defensa del constitucionalismo y del puro pragmatismo electoral. Lo contrario es regalar bazas a Pedro Sánchez y a sus ocultas negociaciones con quienes pretenden romper España.