Un castigo añadido a las empresas

No hacen falta muchas más pruebas para concluir que el Gobierno está absolutamente desbordado y dividido sobre el modo de afrontar la respuesta a la crisis del coronavirus. Desde el punto de vista sanitario, la imprevisión es más que elocuente. Sobran las señales. Pero desde el punto de vista económico y sociolaboral, también es evidente que el Ejecutivo no había ni siquiera intuido la magnitud de la catástrofe que se avecinaba, con casi dos millones de españoles que habrán perdido su empleo en marzo. La formalización de expedientes temporales de regulación de empleo ha pillado desprevenido al Gobierno, que no da abasto a su tramitación jurídico-legal. Los autónomos permanecen en una confusión absoluta y con la percepción generalizada de haber sido engañados con la propaganda gubernamental. Y ahora, miles de empresas verán penalizados su presente y futuro con una decisión carente de sentido y demagógica, como es la de prohibir temporalmente los despidos mientras dure la tragedia. Sostener que el empresario despide a sus empleados por diversión, o con la única coartada de lograr más beneficios a costa de la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores, es un clásico en el discurso populista de Podemos. Pero nada está más alejado de la realidad. Siempre fue absurda la criminalización de los empresarios, pero finalmente Pedro Sánchez ha sucumbido a las tesis de Podemos en el Consejo de Ministros. Y todo, para tratar de revertir la desastrosa imagen que está dando durante la gestión de esta crisis. De nuevo, La Moncloa no recurre a la lógica y a la necesaria adaptación a las circunstancias, sino a una retórica neomarxista que va a hipotecar la supervivencia de buena parte de nuestro tejido empresarial.

Recurrir ahora al populismo ideológico es una decisión errónea que acarreará graves consecuencias a largo plazo. La medida aprobada por el Consejo de Ministros no solo va a generar más incertidumbre laboral, sino que añade un plus de inseguridad jurídica al drama social que vive España. No es legítimo que el Gobierno ponga en duda sistemática la ética de la práctica empresarial, la lógica de la globalización y la sociedad de libre mercado. Es tanto como olvidar que las empresas y los autónomos son los únicos entes reales capaces de crear empleo solvente. Es, en definitiva, un paso más en el proceso de estatalización de las relaciones laborales por la vía de la intervención directa de un Gobierno sin rumbo y en constante improvisación. De algún modo, se decreta el hundimiento forzoso de miles de empresas, que se verán abocadas a un cierre definitivo por cese de actividad en lugar de tener la opción de proteger sus empleos a futuro, aunque sea a costa de que el virus nos fuerce a todos a una temporal merma de nuestra capacidad laboral.