Caso Arandina, aviso a legisladores

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado un giro radical al caso Arandina, en el que tres jugadores de este equipo fueron condenados por la Audiencia Provincial de Burgos a 38 años de cárcel por agresiones sexuales a una joven. El criterio del alto tribunal castellano y leonés no puede ser más opuesto: absuelve completamente a uno de los acusados y rebajas las penas de los otros dos a tres y cuatro años. Son muchos los interrogantes que brotan de estos criterios judiciales tan antagónicos. La segunda sentencia reduce al mínimo el ataque a la libertad sexual de la denunciante, con base en pruebas que apenas fueron consideradas por la Audiencia burgalesa. La comparación de ambas sentencias es muy oportuna en pleno debate sobre el anteproyecto de ley de protección de la libertad sexual, que pretende dar rango jurídico al «yo sí te creo, hermana». Al final, los tribunales de Justicia se ajustan al principal derecho de todo acusado, que es la presunción de inocencia, contra la cual no vale cualquier prueba, sino aquellas que realmente, más allá de toda duda razonable, establecen la participación del acusado en un hecho delictivo. Esta disparidad de fallos judiciales alerta sobre la frivolidad legislativa que amenaza valores sustanciales del Estado de Derecho -porque una ley nunca suplirá la falta de prueba de un delito- y que es expresión de la impotencia de un discurso politizado sobre la violencia contra la mujer. Pero es una realidad que se mantiene pese a leyes que han llevado al Estado de Derecho al límite de los derechos constitucionales; leyes avaladas por el TC con interpretaciones forzadas del principio de legalidad penal, de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley. El caso Arandina invita a no banalizar la violencia contra la mujer, tanto como a no sacrificar la Constitución para satisfacer discursos políticos absolutamente ideologizados.