Alquiler: otro disparate jurídico

Tras el disparate jurídico de la Ley de Libertad Sexual, ahora el Gobierno social-comunista se dispone a entrar como elefante en cacharrería en el mercado del alquiler de viviendas proponiendo un cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos que, según lo adelantado por la verborragia del vicepresidente segundo, prohibirá los desahucios (adiós a los tribunales) por impago del alquiler en «zonas donde el mercado esté tensionado y en casos que tengan relación con fondos buitres». Presuntamente reservada a «colectivos vulnerables», esta idea supone en la práctica dar vía libre a la «okupación» de inmuebles y genera una inseguridad jurídica a los arrendadores, que son tratados de distinta manera según tenga la propiedad alquilable en una zona u otra. Unos podrán acudir a los tribunales para que la Justicia garantice el cobro del alquiler (o que el piso quede libre de quien no paga el arriendo) y a los otros, simplemente, el Estado les interviene la vivienda, por la que, eso sí, seguirán pagando los distintos tributos. Otra vez la demagogia populista se hace fuerte en un Gobierno que siente una predilección inextinguible por disfrazarse de Robin Hood, pasando por encima de los derechos o superponiendo los de unos sobre los de los otros, generando en fin una inseguridad jurídica y una distorsión evidente en el mercado del alquiler, con un probable retraimiento de la oferta ante el temor de los propietarios a que su vivienda caiga en las redes de la nueva ley, de los mencionados «colectivos vulnerables». Además, a los presuntos «fondos buitres» parece que no les alcanza derecho alguno y han de ceder gratuitamente sus propiedades. El mercado necesita iniciativas que mejoren el acceso a la vivienda y limiten el disparatado precio que están alcanzado en algunas ciudades. Pero dar patente de corso a la «okupación» no parece que sea el camino.