Alarma asimétrica con plácet de Arrimadas

Hace al menos dos semanas que es evidente que el estado de alarma (más bien estado de excepción, como han afirmado eminentes juristas) no es necesario, pues existen fórmulas suficientes en la legislación para ir devolviendo a los ciudadanos los derechos y libertades suspendidos. Ayer anunció el Gobierno un nuevo pacto con Ciudadanos para prolongar otros quince días los máximos poderes que haya tenido ningún gobernante español en casi medio siglo de democracia. En la anterior prórroga, Arrimadas le exigió que tuviera preparado un plan B. No ha sido así y esta semana, al precio de tensar su partido y perder a diputados de la talla mediática de Marcos de Quinto, volverá a convertirse en sostén de la estrategia de Sánchez. La elección del mecanismo constitucional de la alarma no es el único problema. También lo es, y no menor, la manera en la que Sánchez lo lleva a cabo, con una asimetría escandalosa, según la cual él y su equipo de expertos desconocidos son los que se encargan de ir liberando discrecionalmente a cada territorio de las restricciones a las que están sometidos los ciudadanos. De tal forma que, por ejemplo, los ciudadanos del País Vasco tienen más libertades que los de otras regiones, en la misma fase de «desescalada». O se repesca al aeropuerto de Valencia, comunidad del ministro de Transportes, un día después de haber quedado fuera de la corta lista de aeropuertos que pueden recibir vuelos del extranjero. A Madrid se le ponen pegas para avanzar, afeándole cifras que son mejores que las de otras regiones que sí han progresado de fase. Las dudas sobre la constitucionalidad del estado de alarma son más que razonables. Sánchez está usando la medida como un arma de negociación política que le permita gobernar por decreto evitando los resortes democráticos de la oposición y el regreso de los españoles a la plenitud de sus derechos y libertades.