Editorial ABC
Acoso y derribo para amedrentar a la juez
Fiel a su cita con la manipulación y el barullo cuando vienen mal dadas, el Gobierno, y con él toda la izquierda, apuntaron ayer sus baterías contra la independencia judicial
Fiel a su cita con la manipulación y el barullo cuando vienen mal dadas, el Gobierno, y con él toda la izquierda, apuntaron ayer sus baterías contra la independencia judicial. Nada distinto de lo que el PSOE y Podemos llevan haciendo desde que crearon el peor Ejecutivo de la democracia y el más destructivo contra la separación de poderes. El objetivo de su ataque ha sido ahora la magistrada que investiga al delegado del Gobierno en Madrid por permitir la manifestación del 8-M a sabiendas del riesgo de un contagio masivo por coronavirus. En cuatro meses, el Gobierno ya ha dado sobradas muestras de desprecio a la magistratura para someterla, y hasta en dos ocasiones el CGPJ ha tenido que reaccionar frente a intromisiones e injerencias obscenas. Ayer, la Abogacía del Estado acusó a la juez Rodríguez Medel de abrir una «causa general» contra el Gobierno por investigar a su delegado en Madrid en periodo de alarma. Falso. Si hubiese una causa general, Salvador Illa ya estaría ante el Tribunal Supremo.
Además, la operación puesta en marcha por Moncloa para deslegitimar el informe de la Guardia Civil sobre la supuesta conducta prevaricadora de Franco es absurda. El informe podrá contener errores o no. Podrá ser combatido jurídicamente o no. Pero quien debe darle valor jurídico es la juez, no el ministro de turno. Lo mínimo exigible es el respeto a las decisiones judiciales, no la estigmatización de los Tribunales si no satisface a Moncloa. Y si tan inútil es ese informe y tan beneficioso es para el Gobierno, ¿a qué vienen la destitución del coronel Pérez de los Cobos y una crisis en la Guardia Civil? ¿Y por qué ha habido dos dimisiones ya dentro de la cúpula de la Benemérita? Lo relevante para destrozar la democracia no es un informe contundente y rebatible, sino el abuso de Grande-Marlaska en su pretensión de entrar hasta la cocina de una investigación para amedrentar a una juez. Pero el PSOE ya lo hizo antes con Mercedes Alaya. La Abogacía del Estado ya no puede quedar más desprestigiada; no basta con insinuar que la juez ha prevaricado por actuar contra el PSOE: hay que amordazarla. Sanchismo químicamente puro.