Editorial ABC

Acción unitaria contra el Covid-19

No parece que realmente el Gobierno haya aprendido las lecciones de China e Italia, aunque reconozca que estamos ante «una propagación demasiado veloz»

ABC

La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 no debe convertirse en una crisis de confianza en el Estado, porque, precisamente, lo que en este momento necesita la sociedad española es más Estado y, además, Estado central. Esta es la opinión dominante de los encuestados en Madrid por GAD3 para ABC, quienes, en un 44 por ciento, creen que es el Gobierno central el que debe adoptar las medidas para contener la expansión del virus. Sólo un 2,8 por ciento apuesta por los gobiernos autonómicos, aunque la gestión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuenta con una opinión favorable del 43,2 por ciento, frente a un 26,9 por ciento que se inclina por el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo que este contraste refleja es el deseo de los ciudadanos de sentir que la situación está bajo el control de un liderazgo claro, que debería corresponder al Gobierno central, al tratarse de una crisis sanitaria nacional.

La organización autonómica del Estado se halla a prueba por el Covid-19 y no contribuye a confiar en ella la diversidad, en su contenido y en sus plazos, de medidas de reacción a la pandemia. Por eso, lo más relevante de la declaración de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros no estará en el real decreto aprobado, sino en el hecho de no descartar la implantación del estado de alarma, el cual es la respuesta legal y constitucional a situaciones como la actual para unificar recursos públicos y privados por un interés general amenazado. Las medidas económicas anunciadas ayer por Pedro Sánchez son, vista la reacción de la Bolsa, el sector financiero y las autonomías, claramente insuficientes. No va a haber por el momento medidas limitativas de la movilidad ciudadana, ni otras nuevas que impliquen el cese obligatorio de actividades colectivas, pese a que hemos llegado a un punto crítico en el que resultan necesarias para ralentizar la expansión del virus y dar margen al sistema sanitario a fin de que pueda absorber nuevos casos.

No es posible discrepar del llamamiento que hizo Sánchez a «la responsabilidad y disciplina social», pero la sociedad secundará la que se impongan los poderes públicos asumiendo decisiones ingratas y severas, que lo serán más cuanto más se tarde en adoptarlas. El respaldo de los ciudadanos está garantizado porque los españoles son conscientes de lo que está en juego. No parece que realmente el Gobierno haya aprendido las lecciones de China e Italia, aunque reconozca que estamos ante «una propagación demasiado veloz». Si realmente es así la expansión del virus, y lo es, el Gobierno debe adelantarse a los acontecimientos o, al menos, no seguir siendo superado por ellos, porque la sola respuesta de liberar miles de millones de euros no solo no sirve, sino que transmite una triste imagen de impotencia.

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