10-N: jugar con pensionistas y funcionarios

El progresivo enfriamiento económico -el FMI vaticinó ayer un frenazo económico mundial, y la OCDE que España se fatiga el doble que la Eurozona- obliga a nuestro país a revisar sus previsiones y aplicar las reformas necesarias para amortiguar un cambio de ciclo cuyas consecuencias dependen en buena parte de las iniciativas que, ya sin margen para la demagogia, adopte el Ejecutivo. Lejos de proponer a la sociedad medidas acordes con este contexto, Pedro Sánchez insiste en perpetuar su política, basada en lo que denomina «reversión de los recortes». Más gasto, en definitiva, en vísperas de un etapa de desaceleración y menos ingresos. Tras anunciar para este mes de diciembre una subida de las pensiones ligada al IPC de 2020, el Gobierno socialista se reserva otro golpe de efecto electoralista, dirigido a otro de los sectores del electorado que, junto los pensionistas, más votos le pueden proporcionar en las elecciones del 10-N. En este caso se trata de una subida salarial de al menos el 2 por ciento para los empleados públicos, brindis cuya irresponsabilidad es directamente proporcional a su electoralismo. Si el coste del incremento de las pensiones, tasado en mil millones euros, representaría un nuevo golpe a las cuentas de la Seguridad Social -que cerrará este ejercicio con un déficit de 18.000 millones de euros, inasumible sin una reforma integral del sistema de pensiones-, el incremento del salario de los funcionarios que prepara el Gobierno en funciones, basado en un acuerdo suscrito por el Ejecutivo de Rajoy y los sindicatos en tiempos de fuerte crecimiento, incide en la senda del populismo económico con que Sánchez vende su candidatura electoral para mantenerse en el poder. Cuando la economía española no ha terminadó aún de curar las heridas que dejó la crisis de hace una década, Sánchez planea otra sangría.