Un año sin presupuestos

El Ayuntamiento de Cádiz quiere hacer borrón y cuenta en la hacienda local a cualquier precio. El alcalde de la ciudad, José María González, está dispuesto a pasar página y demostrar con papeles que el anterior equipo de gobierno despilfarró dinero hasta dejar en quiebra técnica al consistorio. Esta decisión le ha llevado a tomar una medida muy arriesgada, ya que pretende llegar a diciembre sin redactar el presupuesto de 2015. Se trata de algo insólito. Es decir, acabará el año con las cuentas prorrogadas de 2014 pero, al mismo tiempo, deficitarias y sin un rumbo marcado para 2016. El motivo que ha llevado al alcalde a elegir este camino, quizás el más cómodo de todos los posibles, obedece a la auditoría interna que ha encargado para depurar responsabilidades sobre la anterior gestión económica y aclarar con ello el verdadero estado en el que se encuentran las arcas municipales.

El titular de Hacienda, David Navarro, no ha tenido ningún tipo de escrúpulos a la hora de criticar los gastos publicitarios de sus antecesores en el cargo y rectificar al poco tiempo sus propias barbaridades. Los primeros cien días de gestión de Podemos al frente del ayuntamiento gaditano han sido un canto de sirenas, donde la gestión ha brillado por su ausencia y los discursos grandilocuentes han acaparado una nueva forma de gobernar que deja a la ciudad paralizada. El regidor y su equipo caen en un grave error al renunciar a la elaboración del presupuesto de este año. Es cierto que el gobierno del PP se ha pasado de frenada en varias ocasiones aprobando las cuentas del año en curso con varios meses de retraso, pero nunca ha dejado un ejercicio en blanco como pretende Podemos. ¿Qué puede ocurrir? El resultado de la auditoría interna será clave, pero es de sobra conocido que el consistorio gaditano tiene una deuda superior a los 200 millones de euros. Esta deuda no fue un handicap para el PP, sin embargo, el nuevo alcalde la utilizará para justificar su incapacidad de gestión. La ausencia de un presupuesto puede dificultar el pago de nóminas a los funcionarios.