Las plagas de la burocracia

El paro es el principal problema de Andalucía y la creación de empleo debería ser el eje prioritario sobre el que pivotaran las estrategias políticas de las distintas instituciones, especialmente de la Junta de Andalucía. De hecho no hay discurso oficial en el que no se saque a relucir la preocupación de los partidos y los agentes sociales y económicos por rebajar la tasa regional de desempleo, que supera en más de diez puntos la media nacional. Paradójicamente son los emprendedores e inversores, que son los que pueden crear riqueza y empleo, el blanco predilecto de las políticas intervencionistas del Gobierno Andaluz, que, año tras año, promulga nuevas normas que dificultan el desarrollo de la actividad económica.

No vamos a entrar en el fracaso de los sucesivos planes económicos aprobados por la administración andaluza. Ni siquiera en el despilfarro de los cientos de millones de fondos públicos destinados a la formación y fomento del empleo que actualmente se encuentran en proceso de instrucción judicial por su malversación millonaria y generalizada. A lo que nos referimos en esta ocasión es a las dificultades crecientes que sufren las empresas e inversores andaluces para poner en marcha sus proyectos. Ayer lo resumía en estas mismas páginas Antonio R. Vega en un excelente reportaje en el que desgranaba una a una las plagas burocráticas que tiene que superar un proyecto empresarial en Andalucía, por pequeño que sea, para hacerse realidad. A la maraña de normas jurídicas y los conflictos de competencias hay que sumar las decenas de documentos y trámites innecesarios que se exigen y la aplicación de los impuestos más altos y numerosos de España.

Los nuevos planes aprobados en las últimas semanas por el Gobierno Andaluz para exigir nuevos informes de salud y movilidad a los promotores de obras son otra muestra de que en lugar de facilitar la actividad económica se crean nuevos obstáculos para dificultarla. El propio Consejo de la Competencia, un órgano dependiente de la administración, se ha referido a los nuevos requisitos como «una evidente carga administrativa para las empresas con el consiguiente incremento de los costes de entrada en el mercado». En lugar de cribar leyes, acortar plazos, quitar barreras, abaratar costes y reducir el papeleo aquí cada día se enmaraña un poco más la tupida red burocrática en la que naufragan no pocos proyectos empresariales. Si al fracaso de la formación y la malversación de los fondos públicos para el empleo le sumamos la fiscalidad más alta y las barreras administrativas más impenetrables el diferencial de paro con el resto de España se convertirá en una peculiaridad más de la sociedad andaluza.

@aybarrapacheco