editorial
Neutralidad universitaria
Los campus son lugares en los que la competencia entre ideas y la libertad de cátedra deben quedar especialmente protegidas y a salvo de pronunciamientos políticos
La ley de Universidades impulsada por el ministro Joan Subirats incorporó en su última versión una enmienda conjunta promovida por EH Bildu. La modificación atribuía a los claustros universitarios la función de analizar y debatir, de forma genérica, lo que se ha denominado como temáticas de especial interés. Aquella adenda no era inocente ni casual, como se encargó de explicitar en el pleno del Congreso el pasado 21 de diciembre Marta Rosique. Según las palabras de la diputada de ERC, bajo la nueva norma las universidades podrían pronunciarse sobre temas políticos y sociales de actualidad. El fin último de lo expresado en el artículo 45.2.g) que recoge la enmienda, sería evitar sentencias como la del Tribunal Supremo en la que se ratificaba la nulidad del manifiesto de apoyo a los presos del 'procés' promovido por la Universidad de Barcelona.
La transparente sinceridad con la que se expresó la diputada Rosique puso inmediatamente en alerta al profesorado universitario y, en apenas unas semanas, más de un millar de docentes firmaron una carta abierta a diputados y senadores para intentar revertir la propuesta que hacía posible la invasión de los claustros con la política contingente. En aquella misiva se recordaba el principio de neutralidad de las administraciones públicas y se advertía del peligro que podría suponer que el máximo órgano de representación y participación de la comunidad universitaria pudiera asumir posicionamientos ideológicos concretos. La universidad es una institución centrada en la docencia y en la investigación donde la competencia entre ideas diversas y la libertad de cátedra deben quedar especialmente protegidas. La posibilidad de que existan pronunciamientos políticos concretos que anulen, amenacen o mitiguen la libertad de pensamiento supone un riesgo elevadísimo que colisiona con la misión de la universidad y con sus principios esenciales.
Una vez más, lo que se pone en juego no es una cuestión menor o adjetiva sino que la imparcialidad de las instituciones universitarias se ampara en el artículo 103 de nuestra Constitución, en el que se precisa que la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales, sin atender a posicionamientos políticos o ideológicos concretos. Asimismo, cabría recordar el pluralismo político que se espera de una institución como la universidad, es uno de los valores supremos refrendados por nuestra norma fundamental. Así llegó a expresarlo Emiliano García-Page, quien subrayó la gravedad de la enmienda asumida por el Gobierno y señaló que el único propósito de esta intervención sobre el texto original era justificar lo ocurrido en Cataluña durante el 'procés'. En aquellas declaraciones del 10 de enero, el presidente de Castilla-La Mancha llegó a afirmar su deseo de que el Senado echara para atrás la medida.
Cerrado el plazo de enmiendas, el Partido Popular ha registrado una propuesta en la que se plantea eliminar el controvertido punto del artículo 45. Esta iniciativa no solo abre la posibilidad de que se cumpla la justa reivindicación de los más de mil profesores y de García-Page. La libertad de cátedra, el pluralismo en la conversación científica y la neutralidad de espacios compartidos es un patrimonio común a todos los demócratas. El debate que ahora se abre en el Senado obligará a unos y a otros a tomar posición con respecto a una cuestión clave y que determinará, sin duda, el futuro de la universidad y la debida neutralidad ideológica.
