El TSJC exige a los Mossos protección «presencial y permanente» en todos los juzgados tras los sabotajes
La Sala de Gobierno lamenta el silencio de la Consejería de Justicia tras los ataques de radicales secesionistas
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha reclamado a los Mossos d'Esquadra que protejan de manera «presencial y permanente» todos los juzgados catalanes tras los sabotajes del independentismo radical.
En una reunión hoy martes, la Sala de Gobierno también ha condenado el silencio de la Consejería de Justicia de la Generalitat ante estos «ataques intolerables», pues este departamento es el responsable de las condiciones laborales de los funcionarios judiciales. Estas acciones ponen en riego la salud de los trabajadores y obligan a malgastar medios materiales en actuaciones de limpieza.
Consultado por ABC, la Consejería que dirige Ester Capella asegura que el Govern de la Generalitat «nunca ha aprobado este tipo de acciones». Recuerda que las protestas deben ser siempre «sin perjudicar el servicio público» de las sedes judiciales.
La Consejería de Justicia es quien asume los gastos de la limpieza, labores que se han hecho inmediatamente a los sabotajes.
La institución que preside Jesús María Barrientos también dará cuenta de los hechos al a Fiscalía con el fin de que se depuren responsabilidades penales de quienes hayan «ideado, coordinado y ejecutado» estos ataques a las sedes judiciales.
Los sabotajes fueron reivindicados por los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) ante el inminente juicio contra los líderes del «procés». La madrugada de ayer lanzaron heces y basura contra la fachada de una veintena de sedes judiciales en Cataluña.
En los juzgados de Valls (Tarragona) y Cervera (Lérida) los sabotajes, además, impidieron que se pudieran abrir al público.
Por eso, ante posibles episodios similares en el futuro, el TSJC también ha prevenido a los presidentes de las cuatro audiencias provinciales y a los diferentes jueces decanos para que valoren la necesidad de suspender actividades judiciales, excepto las actuaciones urgentes y de guardia, cuando por razones de salubridad no se pueda garantizar el normal acceso a las instalaciones.
