Duque da luz verde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para visitar Colombia

La nueva canciller de Colombia y vicepresidenta del país, Martha Lucía Ramírez, envió ayer a la Secretaría General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la carta de respuesta a la solicitud que le presentó el pasado 14 de mayo la entidad para realizar una visita de trabajo al país para conocer de primera mano las denuncias sobre violación a los derechos humanos en el marco de las marchas y protestas de los colombianos en el último mes, muchas de ellas atribuidas a los excesos de la fuerza pública, incluidas desapariciones y otros abusos cometidos en estas últimas semanas y que han motivado pronunciamientos no solo de la Organización de Estados Americanos (OEA), sino de Naciones Unidas, la Unión Europea e inclusive la Iglesia Católica y el Vaticano.

Más se demoró el gobierno del presidente Iván Duque en admitir la visita, después de tratar de aplazarla hasta cuando el Estado colombiano termine sus propias pesquisas de la mano de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, que la CIDH en responder afirmativamente e iniciar los preparativos para permanecer en Colombia entre el 8 y 10 de junio próximos. Aquí se reunirá no solo con los representantes del Estado, sino también con «diversos sectores representativos de Colombia, incluyendo autoridades de distintos niveles de los poderes públicos, representantes de la sociedad civil, colectivos, sindicatos y gremios», como lo ha señalado diplomáticamente para enviar el mensaje de que se armará su propia agenda, más allá de las abigarradas jornadas de encuentros y testimonios definidos en el minuto a minuto de visita que propuso ayer la Cancillería en su respuesta.

Para el Estado colombiano no es cómodo tener esta visita, pero es ineludible. Jorge Iván Cuervo , catedrático y docente de la Universidad Externado de Colombia señala que si bien «la Comisión no viene a juzgar ni a hacer señalamientos, la visita sí puede tener un efecto simbólico, como sucedió en Chile, en especial para la distención de una sociedad crispada. Esto envía el mensaje de una presencia más cercana de la comunidad internacional, le da relevancia a un asunto que para muchos puede ser menor cuando no lo es».

Inicialmente el Gobierno del presidente Iván Duque había indicado que recibiría a la CIDH el próximo 29 de junio, aprovechando una reunión de oficio programada con anterioridad y no relacionada con estos sucesos. Pero, al parecer y según informó el telediario de Caracol Noticias, durante su reciente visita a Estados Unidos la canciller Ramírez recibió la sugerencia del S ecretario de Estado, Antony Blinken, en el sentido de no darle más largas a la presencia de la Comisión en el país. Portavoces del presidente Biden, además, han hecho explícita su preocupación por la situación de los derechos humanos en Colombia, degradada en estas casi cinco semanas de protestas.

¿Qué puede hacer esta comisión en tan poco tiempo y ante tantas denuncias? «En dos días puede recoger información, poco más», dice Cuervo. Sin embargo, podría ir más allá y «proponerle al Estado un mecanismo de verificación, para los hechos pasados y otro de monitoreo permanente para que siga en el tiempo, como sucedió en Nicaragua durante seis meses. Por ejemplo y de manera urgente, la CIDH puede propiciar mecanismos para saber sobre las 119 personas desaparecidas. Otro más, con las autoridades y organismos defensoras de víctimas, para que de manera eficaz se dé cuenta de los detenidos y sus derechos. También, la CIDH debe procurar una comisión de esclarecimiento de la violación de los DDHH cometidos desde el 28 de abril y, por último, revisar los protocolos de la Policía en el contexto de la protesta social, para que estén dentro de los estándares interamericanos, incluidas líneas de trabajo para investigar y prevenir el abuso sexual, como ha sucedido con mujeres detenidas en el marco de estas semanas de protesta».

Es importante recordar que dentro de las funciones de la CIDH en sus visitas está la de asesorar a los países firmantes sobre temas relacionados con los derechos humanos, acompañamiento técnico y recomendaciones que un Estado como el colombiano puede aprovechar para revisar que todos sus estándares en esta materia, especialmente los de la fuerza pública, se ciñan a los indicados por el propio sistema interamericano, lo cual hasta la fecha solo ha sido rechazado por el régimen de Maduro en Venezuela.