Un comité de expertos decidirá qué víctimas lucharon por la democracia de 1978 a 1983
La Ley de Memoria Democrática limita la investigación judicial hasta la promulgación de la Constitución
El Pleno del Congreso avalará el texto la semana que viene y el Senado lo debatirá en septiembre
El alcance de la Ley de Memoria Democrática genera discrepancias. La enmienda pactada en ponencia la semana pasada entre el Gobierno y EH Bildu para que se investiguen las violaciones de derechos humanos hasta el 31 de diciembre de 1983 causó un gran revuelo que ayer se intentaba disipar desde el Ejecutivo. Según fuentes gubernamentales, esta modificación, introducida en una disposición adicional de la ley, no implica que se extienda el ámbito temporal de aplicación de la norma. Tan solo establece, alegan estas mismas fuentes, la creación de una comisión de estudio para determinar las víctimas que pudo haber entre quienes defendieron la llegada de la democracia frente a la dictadura franquista.
¿Quiénes serán considerados como defensores de la llegada de la democracia? El Gobierno no lo aclara y lo deja en manos de una comisión técnica de estudio que contará con expertos. ¿Qué expertos? Tampoco se conoce aún. Resolver la primera pregunta es fundamental, porque en 1983 ya se había dejado atrás la Transición, transcurría el primer año del socialista Felipe González en el Gobierno y comenzaron las acciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que ese año asesinaron a los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, previamente torturados.
En el Ejecutivo reconocen que en todo proceso transicional entre una democracia y una dictadura se comete alguna violación de derechos humanos, por lo que se ve oportuna esta enmienda, ya integrada en el texto de la ley. Es más, fuentes gubernamentales aseguran que la idea partió de PSOE y de Unidas Podemos y niegan que fuese una exigencia de Bildu a cambio de su voto favorable. Desde Bildu remarcan que ayer apoyaron la ley en la Comisión Constitucional tras acordar, entre otras cosas, «extender el límite temporal de aplicación de la ley hasta finales de 1983 y constituir una comisión independiente con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura».
La interpretación de Bildu , coalición que integra a Sortu, heredero de la ilegalizada Batasuna, brazo político de la extinta banda terrorista ETA, no solo 'alarga' la dictadura hasta 1983, cuando la Constitución llevaba cinco años aprobada y ya gobernaba el PSOE, sino que es lo suficientemente amplia como para incluir a los GAL en esa investigación. Desde el Gobierno, no obstante, difieren y separan este apartado del resto de la norma.
Fuentes de Moncloa matizan que el alcance de la ley en sí llega hasta 1978, con la entrada en vigor de la Constitución, y se remonta hasta 1812, el primer precedente democrático de España, de ahí el apellido de la ley. Será hasta el 78, por tanto, hasta donde se investiguen judicialmente las posibles violaciones de derechos humanos, a través de la Fiscalía de nueva creación que contempla la nueva norma.
Entre ese año y 1983, en cambio, lo que habrá funcionando es una comisión de estudio que propondrá vías de reconocimiento y resarcimiento a las víctimas que luchaban aquellos años por la consolidación de la incipiente democracia y de sus valores. La idea que se traslada es que entonces ya no había franquismo, pero que sí seguía habiendo algunas víctimas por la acción de grupos reaccionarios.
ERC, sin posición final aún
En cualquier caso, y a falta de ver en qué se concreta esa comisión de estudio, ayer se aprobó en la Comisión Constitucional el dictamen de la ley por mayoría absoluta, con el solo voto en contra de la derecha y el centro-derecha, y la abstención de ERC, que se reserva su posición final para la semana que viene. El jueves de esa semana, tras el debate sobre el estado de la nación se celebrará un pleno con todos los asuntos pendientes, entre otros la Ley de Memoria Democrática, que recibirá entonces la luz verde de la Cámara Baja y emprenderá su camino al Senado. La idea del Gobierno es que la Cámara Alta debata y apruebe definitivamente la ley en septiembre, para que se resuelvan así asuntos pendientes de la Ley de Memoria Histórica del 2007, como la resignificación del Valle de los Caídos –se convertirá en un espacio de memoria y pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros–.
La controversia con las víctimas de 1978 a 1983 no es la única. También hay interpretaciones dispares en la enmienda que pactaron PSOE y Unidas Podemos sobre la Ley de Amnistía , en la que se recoge explícitamente que debe regirse en base a derecho internacional siendo imprescriptibles e imperdonables los delitos de lesa humanidad. En la rama socialista del Ejecutivo dicen que básicamente reconoce lo que ya contempla la Constitución, la sujeción a derecho internacional, mientras que en Unidas Podemos sí ven la apertura a que se juzguen crímenes del franquismo por resolver.
Ayer en el PSOE se cuidaban en subrayar que la ley reivindica la Ley de Amnistía como piedra angular de la Transición, pero precisamente este es uno de los puntos que inquieta a ERC, que sigue reclamando la derogación total o parcial de la norma del 77, porque considera que conllevó impunidad para los cargos franquistas.
Carolina Telechea, de ERC, reivindicó como propias enmiendas pactadas con partidos como PDECat o Más País, como por ejemplo declarar «ilegal» el régimen franquista, pero apuntó asuntos pendientes para su partido: entre otros, la reparación patrimonial de las víctimas. La ley, por ahora, solo contempla una auditoría y una posterior comisión para ese resarcimiento, insuficiente para ERC, que sigue negociando con el Gobierno.
Lo que evidenció la ley, una vez más, es la fractura del hemiciclo . PP, Vox y Ciudadanos clamaron contra el «revisionismo» que perciben en una norma «de unos contra otros» que pone bajo sospecha la Transición. Desde el Gobierno, por contra, echaron en cara a la derecha y al centro-derecha su supuesta resistencia a marcar distancias con el franquismo. Distintos relatos.
Las posiciones de los partidos
El PSOE dejó en un cajón la Ley de Memoria Democrática entre noviembre y junio. Tras las elecciones andaluzas, la rescató y pisó el acelerador para sacarla adelante con varios acuerdos paralelos con PNV, Bildu, PDECat, Más País y Coalición Canaria.
El PP en contra. Los populares alertan del peligro de «revisionismo» en esta ley y critican especialmente los acuerdos cerrados con Bildu. El PP denuncia la «huida hacia delante» del Gobierno con iniciativas llenas de «carga ideológica» para tapar su gestión económica.
Vox en contra. La formación de Santiago Abascal ni siquiera presentó enmiendas parciales a la ley, algo que justificó en que el texto no era «mejorable» por su rechazo frontal al mismo. Vox denuncia que se ponga en entredicho la labor de resarcimiento de la Transición.
Unidas Podemos reivindica sus aportaciones a la Ley de Memoria Democrática, recogidas en las enmiendas transaccionales con el PSOE, incluida la polémica revisión de la Ley de Amnistía de 1977, que remarca que debe acogerse al derecho internacional .
En ERC abstención, de momento. El voto final de ERC sigue en el aire , aunque ayer se abstuviese en la comisión. Sigue negociando con el Gobierno, pero reivindica como suyos pactos con otros partidos como PDECat y Más País, como que sea «ilegal» el régimen franquista.
Ciudadanos, en contra. Ciudadanos avisó hace meses de que iba a rechazar esta ley si el PSOE no apoyaba su proposición para prohibir el enaltecimiento al terrorismo en los llamados 'ongi etorri'. Denuncia una distinción entre víctimas según los intereses del Gobierno.
PNV, a favor. Los nacionalistas vascos confirmaron su sí tras pactar con el PSOE la restitución de documentos y efectos a personas físicas y jurídicas, incluyendo partidos, sindicatos y unidades militares que reclamen enseñas en poder de administraciones públicas.
EH Bildu, a favor. La semana pasada, su pacto con PSOE y Unidas Podemos sirvió para encarrilar la ley en la fase de ponencia. Entre otras cosas, consiguió que una comisión estudie posibles violaciones de derechos humanos hasta 1983, ya concluida la Transición.
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