El juez anticipa el archivo del caso Gali pese a creer que Sánchez dirigió esta operación clandestina
Aunque mantiene como investigada a la exministra de Asuntos Exteriores, lo hace solo por el delito de prevaricación y advierte que va a ser «sumamente improbable» encontrar indicios suficientes para procesarla
El caso Gali pierde fuelle en la jurisdicción penal. Tras diez meses de diligencias contra la exministra Arancha González Laya y el que era su jefe de gabinete en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Camilo Villarino, el juez zaragozano Rafael Lasala dice ahora que no hay indicios suficientes para mantener como imputado a Villarino y anticipa una más que probable desimputación de Laya . Así consta en un auto que se conoció ayer, en el que, sin embargo, el magistrado se despacha apuntando por convicción personal contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero reconociendo que no ha encontrado pruebas ni indicios ciertos de su intervención en estos hechos.
El juez dice que, aplicando la lógica e incluso el escalafón competencial que marca la Ley del Gobierno, solo el jefe del Ejecutivo pudo haber dado luz verde a una operación clandestina de este calibre y, por tanto, debía ser él quien la dirigió. «La decisión última correspondía al presidente del Gobierno», dice el juez en su auto. Pero, al no haberlo podido probar con indicios sólidos, el magistrado no promueve imputación alguna contra Sánchez y anticipa lo que todo apunta que será el archivo de la causa.
Laya y Villarino estaban investigados por los presuntos delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad , por haber dirigido la operación clandestina que desplegó el Gobierno para introducir furtivamente en España al líder del Frente Polisario, Brahim Gali , sin someterlo a los preceptivos controles de pasaportes para, así, ocultar su presencia en nuestro país, donde figuraba en causas abiertas en la Audiencia Nacional por genocidio, terrorismo y torturas , entre otros delitos.
Aquella entrada clandestina fue llevada a cabo a través de la Base Aérea de Zaragoza, con la colaboración del Estado Mayor del Ejército del Aire y con cobertura de agentes del Ministerio del Interior. El saharajui Gali llegó enfermo de Covid, en un avión de la Presidencia de Argelia -cuyo régimen le protege- y fue trasladado al hospital público de Logroño, donde el Gobierno riojano de la socialista Concha Andreu le había procurado plaza con identidad encubierta: fue ingresado con un pasaporte amañado a nombre de Mohamed Benbatouche , un supuesto embajador jubilado.
Es decir, la presencia de Gali fue ocultada y, así, quedaba a salvo de los requerimientos de la Audiencia Nacional , hecho que sustentaba el indicio delictivo de encubrimiento; llegó a España e ingresó en el hospital de Logroño con identidad encubierta y pasaporte amañado, indiciario del delito de falsedad; y su entrada en España se realizó de forma clandestina, con la expresa orden del Gobierno de no someterlo al control de pasaportes para que no quedara constancia, lo que es indiciario de prevaricación, porque supone una infracción de las leyes de fronteras.
Esta operación clandestina se llevó a cabo el 18 de abril del año pasado. Unos días después, la presencia de Gali en el hospital de Logroño se filtró a través de los medios de comunicación y se desató una grave crisis diplomática entre España y Marruecos. Poco después, la Audiencia Nacional daba carpetazo a las causas que pesaban contra el líder del Polisario. Sin embargo, el 31 de mayo el juez Lasala admitía a trámite la denuncia presentada como acusación popular por el abogado malagueño Antonio Urdiales y abría diligencias, por entender que existían indicios suficientes de prevaricación, falsedad y encubrimiento. A la causa se sumó después una segunda acusación popular.
Operación gubernamental
Las investigaciones del juez permitieron tirar del hilo de la cadena de mando . El general que estaba al mando de la Base Aérea de Zaragoza desveló que el Estado Mayor del Aire le había ordenado saltarse los protocolos de control de pasaportes en beneficio de Gali, y el Estado Mayor del Aire dijo haberlo hecho por orden del Ministerio de Asuntos Exteriores. En concreto, por el jefe de gabinete, Camilo Villarino, quien a su vez dijo que seguía instrucciones de la ministra Laya. Ésta, sin embargo, se ha negado a decirle al juez quién tomó la decisión, quien le encomendó la tarea.
El juez Lasala concluye lo obvio, que al frente de la operación debía estar la decisión del presidente Pedro Sánchez, pero no ha encontrado forma de constatarlo. El Gobierno designó a una abogada del Estado para defender a Laya y Villarino, y la letrada ha basado el grueso de su defensa en alegar a la ley de Secretos Oficiales para que sus clientes no desvelen detalles claves para la investigación.
Eso ha hecho que las diligencias del juez Lasala se hayan ido frenando. La abogada del Estado, María del Mar González Bella , que llegó a pedir al juez que impidiera a los periodistas informar libremente sobre la causa , ha pedido reiteradamente el archivo de las actuaciones. La última vez, el pasado 8 de febrero. Y, a diferencia de las anteriores ocasiones, en está sí que le ha funcionado en gran parte. Las acusaciones populares se han opuesto al sobreseimiento, pero el fiscal, que hasta ahora había apostado por investigar, ha optado por apoyar gran parte de los argumentos de la Abogacía del Estado. Y el juez se ha plegado a ellos.
Todo esto, a su vez, en un contexto internacional sustancialmente distinto al que había cuando se inició la investigación: la guerra desatada por Putin en Ucrania ha reforzado el valor estratégico del gas de Argelia , con cuyo régimen el Gobierno de Sánchez pactó la acogida clandestina de Gali hace casi un año, a costa de enfadar gravemente a Marruecos. Argelia protege al líder del Polisario, enemigo declarado del reino alauí.
Las conclusiones del juez
En el auto que acaba de comunicar a las partes exonera por completo a Villarino , dice que no se han hallado indicios suficientes como para mantener contra él la imputación de ninguno de los delitos por los que se investigaba. Y, respecto a la exministra Laya, dice que solo cabe seguir investigándola por un presunto delito de prevaricación. Pero el juez avanza en este mismo auto que, hoy por hoy, no ha obtenido pruebas suficientemente sólidas para pedir su procesamiento . Aunque todavía no da carpetazo definitivo a la investigación sobre la exministra, deja entrever que puede estar próximo: «es sumamente improbable encontrar algún indicio más, más aún cuando han sido invocados frecuentemente deberes de secreto profesional, cuando no la ley de Secretos Oficiales», dice ahora el juez Lasala.
Concluye ahora el magistrado que no hay indicios que apunten a que Laya y Villarino conocían las causas que tenía abiertas Gali en la Audiencia Nacional y por las que había sido requerido en varias ocasiones: «El encubridor ha de conocer, sin duda alguna, que el sujeto al que encubre ha cometido un delito, no bastando sospechas o especulaciones», dice Lasala en su auto.
Tampoco considera que Laya y Villarino tuvieran una participación directa en la falsedad documental con la que se encubrió la identidad de Gali en el hospital de Logroño: «No se ha conseguido indicio alguno de que participaran en la falsificación de un documento de identificación personal o en la presentación del mismo en el hospital de Logroño».
Y, respecto a la prevaricación, por ordenar que se saltaran los procedimientos legales de control de fronteras a sabiendas de que Gali tenía causas abiertas en la Audiencia Nacional, entiende el juez Lasala que ese delito «no es fácilmente apreciable, sobre todo respecto de Camilo Villarino», y cree que el indicio que pesa sobre Laya es insuficiente, pero todavía prefiere completar alguna diligencia más.
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