Las privadas denuncian el «hostigamiento» del Gobierno a la televisión en abierto

Las privadas no acogieron con entusiasmo el anuncio del Gobierno de la salida a concurso de seis cadenas más de TDT , realizado en el último Consejo de Ministros. Según Uteca , asociación que agrupa a las cadenas comerciales, el concurso «obvia por completo el principal problema (...), la posibilidad de cierre de otros ocho canales de la TDT». Según este organismo, la decisión adoptada por el Gobierno «elude la reparación de una serie de errores de la Administración que ya tuvo una dramática consecuencia con el cierre de nueve canales». Aquello «no sólo recortó drásticamente la libertad de los telespectadores, sino que puso a toda la industria audiovisual española en una delicada situación económica y jurídica».

Para las cadenas comerciales, el Gobierno pone de manifiesto su completo desconocimiento del sector e incumple los compromisos adquiridos con las televisiones en el proceso de transición a la TDT. En esta transición, explican, «la Administración del Estado asignó estos ocho canales para incentivar la migración. Esta se llevó a cabo de manera modélica gracias a la importante contribución económica y técnica de los radiodifusores privados , que cumplieron en tiempo y forma todos los exigentes compromisos esperando las contraprestaciones estipuladas».

Las privadas esperaban como mínimo un gesto tras los « lamentables errores en la tramitación legal», que hicieron posible el cierre de nueve canales. «Nada, salvo la ausencia de voluntad para hacerlo, impide que el Ejecutivo acuerde una solución viable y satisfactoria» para evitar que ocurra lo mismo con los ocho que ahora están en entredicho. «El Gobierno dispone de la legitimación y los medios necesarios para eliminar de forma inmediata y definitiva la inseguridad jurídica que condiciona a todo el sector audiovisual. Sin embargo, ha optado, hasta la fecha, por hacer recaer las consecuencias de su obstinada inacción sobre los operadores, condenando de paso a todos los españoles a una preocupante reducción de la pluralidad informativa y de ocio ».

Con esta actuación, añade Uteca, «el Gobierno aprovecha el pretexto del Tribunal Supremo para abundar en su hostigamiento a la televisión en abierto en un manifiesto impulso a la opción de la televisión de pago . En apenas un año, los telespectadores podrían perder nada menos que 17 canales gratuitos. Todo ello después de haber afrontado diez años de creación y sostenimiento, con inversiones de cientos de millones de euros, de canales que podrían desaparecer». Todo ello ocurre, además, semanas después del final de una adaptación en la que se han invertido, de nuevo, «cuantiosos recursos, que ahora resultan despilfarrados».

Las privadas recuerdan por último que el espectro radioeléctrico «es un bien público de alto valor para la vertebración y cohesión social, y que la gestión del mismo que el Gobierno está ejecutando supone un serio revés a la libertad informativa, pero también inflige un grave daño a una industria que genera un volumen de negocio cercano a las 10.300 millones de euros y empleo directo e indirecto para más de 77.000 profesionales ».