Industria admite que hasta cuatro millones de personas podrían perder algunos canales

El Ministerio de Industria mantiene estos días intensos contactos con los sectores implicados en el llamado dividendo digital, que ha obligado a resintonizar los televisores de los ciudadanos, muchos de los cuales tendrán que adaptar también sus antenas de TDT antes del 1 de enero. Víctor Calvo-Sotelo, secretario de Estado de Telecomunicaciones, se reunió ayer con la mayoría de sectores implicados: cadenas públicas y privadas, operadores, instaladores, fabricantes y asociaciones de consumidores, entre otros. El encuentro sirvió para repasar la marcha del plan del Gobierno. Según los datos aportados, el despliegue de emisiones progresa a buen ritmo y la campaña de comunicación ha sido efectiva. El proceso está algo estancado, sin embargo, en un punto clave: la antenización de los edificios.

Los datos aportados por Industria no fueron demasiado claros, según ha podido saber ABC. Para empezar, las cifras no están actualizadas, ya que correspondían a septiembre y octubre. En todo caso, los síntomas no son buenos y los avances realizados parecen insuficientes, a menos de un mes del límite impuesto. El próximo 1 de enero, los edificios que no hayan adaptado sus antenas –un trabajo sencillo cuyos gastos están subvencionados – podrán perder la señal de varios canales. Hasta la fecha, eso no ocurre porque las cadenas emiten en dos frecuencias, la antigua y en la que han tenido que mudarse, algo que dejará de ocurrir en 2015, al menos si no hay moratoria.

El horizonte no es halagüeño: Industria admitió que entre dos y cuatro millones de personas podrían verse afectadas por el retraso. Antes de dos semanas, además, no dispondrá de más información; el tiempo se acaba sin tener siquiera todos los datos sobre la mesa.

Entretanto, Tele K y otros medios comunitarios han presentado un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto que regula el Plan Técnico Nacional de la TDT y el dividendo digital aprobado por el Gobierno. La demanda presentada ante el Tribunal Supremo, que podría parar todo el proceso, exige que el Estado destine parte del espectro radioeléctrico a emisoras de radio y cadenas de televisión comunitarias, sin ánimo de lucro, según informa Servimedia.